Empresarios proponen entregar edes a operadores independientes

La III Gran Convención Empresarial propuso ayer que las distribuidoras de electricidad del Norte (EDENORTE) y del Sur (EDESUR) sean manejadas por dos o múltiples operadores independientes, hasta que el Estado complete todo el procedimiento para su venta a través de licitaciones.

Esas operadores administrarían esas empresas con espíritu innovador y cobrarán en función de su desempeño, hasta tanto sean privatizadas, propuso la convención de empresarios que fue organizada el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

En la conclusión de la actividad que reunió a los empresarios del país, se demandó el restablecimiento del equilibrio macroeconómico y que se adopten las medidas que sean necesarias para conseguirlo.

En la actividad encabezada por Elena Viyella de Paliza, presidenta del CONEP, se acordó desarrollar acciones que estimulen el desarrollo sostenido del país, basadas en el impulso de la producción, la educación, la salud, el cuidado de los recursos humanos y el uso racional de los recursos públicos.

Los empresarios exigieron la despolitización del sector eléctrico, como condición para facilitar el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones sectoriales que la ley crea.

Acordaron asimismo, exigir que la reforma fiscal que se lleve a cabo en República Dominicana se oriente, no sólo a elevar el ingreso, sino a preservar las condiciones de competitividad de las empresas, evitar la desnaturalización de los impuestos y racionalizar el gasto público.

Pidieron que se declare prioritario mantener niveles de reservas internacionales elevados para fortalecer la moneda nacional y minimizar el riesgo de ataques especulativos.

El documento elaborado por economistas con la sugerencia de empresarios de diversos sectores, también propone que la reducción de los intereses bancarios se acerquen a las prevalecientes en los mercados de los principales socios comerciales del país.

Sobre la competitividad que deben tener las empresas para enfrentar la competencia que genera el libre mercado, exige la urgente ejecución del Plan Nacional de Competitividad Mejorado, que prepare y diversifique al aparato productivo dominicano.

«Proponemos que eventuales desgravaciones arancelarias por causa de suscripción del acuerdo de libre comercio, sean aplicadas a partir, por lo menos del 2005, para que el país pueda resolver el grave problema fiscal y cuasi fiscal que lo agobia», indica la propuesta.

Considera vital el fortalecimiento del sector exportador, el cual no debe ser afectado con medidas impositivas, cambiarias o trabas.

Acordaron también reclamar que se imponga un tope temporal en la ejecución del gasto corriente, de modo que no supere el 70% del gasto total del Estado, mientras duren las actuales condiciones económicas.

«Esto ayudaría a lograr una disciplina fiscal, a mejorar la calidad del gasto corriente, a racionalizar el uso de los recursos públicos y a potenciar el gasto de inversión», indica el documento.

En cuanto al financiamiento por medio de emisión de moneda sin respaldo, plantea que es necesario controlar el uso y la emisión monetaria, «salvo excepciones muy puntuales y claramente establecidas».

Asimismo, se reclama a las autoridades que busquen alternativas viables al problema del déficit y acumulación de certificados del Banco Central, dentro de mecanismos de mercado y que se creen las condiciones que reduzcan las tasas de interés de esos instrumentos financieros.

Exigieron que se cumpla la prohibición de financiamiento al sector público prevista en la ley monetaria y exhortaron al gobierno a que empiece la ejecución de un programa de rescate de la imagen crediticia del Estado.

La cúpula empresarial estimó que en República Dominicana se debe diseñar una política de endeudamiento externo racional, para que cada solicitud de préstamos se enmarque dentro de la política trazada.

Los empresarios reunidos en III Gran Convención Empresarial, concluyeron que en el país se debe limitar el financiamiento que dan los bancos al sector público.

Consideran como un factor vital la inversión, tanto nacional, como extranjera, y exigieron que se cree un entorno en que la seguridad jurídica sea un pilar inconmovible.

Recomendaron que se aplique una política económica de estímulo a la inversión y exigieron la creación de un mecanismo de orientación e información para la micro, pequeña y mediana empresa, la que consideraron vital para el desarrollo económico y social del país.

«Se recomienda que inicialmente las informaciones hagan énfasis en proceso y estatus de negociaciones y en los procesos burocráticos actuales», concluyó.