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El Ministerio de Ambiente y el Evangelio de Mateo

Agilizando la aprobación de proyectos beneficiosos para el país

Sede del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Por Osiris de León

Recientemente, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido objeto de una injusta crítica política de parte del mismo grupo político que el 25 de julio de 2000, hace poco más de 25 años, objetó la aprobación de la ley ambiental, objeción que se dio a conocer en voz del entonces presidente de la república, inmediatamente después de que el Senado de la República, entonces presidido por el brillante e inteligente ingeniero Ramón Alburquerque, aprobó, por abrumadora mayoría, el necesario proyecto de ley sobre medio ambiente y recursos naturales, el cual contenía las disposiciones que hoy están vigentes y rigen los procedimientos a seguir para proteger, desde el punto de vista ambiental, nuestro territorio insular, es decir, objetaban una ley muy buena para el país.

Y es que el 25 de julio del año 2000, cuando el Senado sostenía la discusión final sobre el proyecto de ley ambiental, ese mismo equipo técnico ambiental estaba allí presente objetando la aprobación del proyecto de ley ambiental, y al ver que el Senado aprobó el proyecto de ley, le plantearon al presidente de la república que ese proyecto debía ser vetado, veto que de inmediato fue anunciado públicamente por el presidente de la república, aunque, en términos procedimentales, era improcedente anunciarlo desde el Poder Ejecutivo, porque todavía el Senado, como parte del Poder Legislativo, primer poder del Estado, no había remitido al Poder Ejecutivo el proyecto recién aprobado. Fruto de ese adelantado anuncio público de veto, legisladores y ambientalistas evaluaron con el presidente del Senado la opción de posponer el envío al Poder Ejecutivo del proyecto ya aprobado, y esperar 22 días, hasta el 16 de agosto siguiente, fecha en que el presidente electo, Hipólito Mejía, tomaría posesión como presidente de la república, y esa es la razón por la cual la Ley Ambiental 64-00 fue la primera ley promulgada por Hipólito Mejía en fecha 18 agosto 2000, no obstante objeciones de un grupo político opuesto a esa Ley. Desde el 18 agosto del año 2000 son muchos los esfuerzos que se han hecho para fraguar una nueva cultura ambiental en un país donde se lanza la basura municipal en cualquier solar, vecino a un caudaloso río, para que lluvias y crecidas del río se lleven la basura hacia un lejano lugar y terminen degradando tomas de acueductos y el medio ambiente litoral; una sociedad donde industrias lanzan desechos en cualquier lugar sin importar contaminación ambiental; una región donde urbanismo y hotelería crecen sin plantas de tratamiento de aguas cloacales, creyendo que pozos filtrantes resuelven el problema de efluentes bacteriales; y un territorio donde granceras dominan cauces y márgenes de ríos en violación a la Ley 123-71 y a la Ley 64-00, pero eso nunca preocupa a quienes hoy critican la eficiencia y el orden impuesto por el ministerio de Ambiente.

En una reciente reunión en el Senado, decíamos que hay personas que por grave error entienden que el papel del ministerio de Ambiente es ser barrera de oposición a todo proyecto de desarrollo y de interés para la nación, por desconocer que los tres principios ambientales fundamentales son: 1-Evitar el daño ambiental. 2-Si no se puede evitar el daño ambiental, entonces minimizarlo. 3-Si no se puede minimizar, entonces compensarlo en una proporción 10 veces superior al daño producido, es decir, que si se requiere cortar 1,000 árboles para abrir una importante carretera solicitada por comunidades, entonces debemos sembrar 10,000 árboles en la misma zona, y de las mismas especies forestales, para compensar el impacto ambiental causado.

Desde agosto del año 2000 en adelante, era mucha la gente que permanentemente se quejaba públicamente de la lentitud del proceso de evaluación y aprobación de los proyectos ambientales presentados ante las autoridades ambientales, y reportes de prensa así lo confirman, y muchas han sido las reuniones de Estado, en las que hemos participado, donde proyectistas, empresarios, industriales, alcaldes, hoteleros, desarrolladores, ingenieros, y mineros, se han quejado, ante cada presidente de la república, de la lentitud en el proceso de evaluación y aprobación de los tantos proyectos presentados ante el ministerio de Ambiente, pues la Ley Ambiental 64-00 establece que todo proyecto, público o privado, debe ser presentado para obtener una licencia ambiental, o un permiso ambiental, lo que obliga a someter el proyecto ante el ministerio de Medio Ambiente para que se elaboren términos de referencia (TdR) que sirvan de guía al proyectista para elaborar un estudio de impacto ambiental (EIA) y un plan de manejo y adecuación ambiental (PMAA), por lo que todo especialista ambiental sabe muy bien que el ministerio de Ambiente recibe miles de solicitudes para aprobaciones de proyectos, las que debe evaluar dentro del marco de la Ley 64-00, y en breve plazo. Pero los métodos técnicos de revisión y evaluación utilizados en el año 2025 no son los mismos lentos métodos de revisión y evaluación del año 2000, pues en 25 años muchos métodos han evolucionado en caracterización y diagnóstico, incluyendo softwares e inteligencia artificial, por lo que criticar hoy, a finales del año 2025, el hecho de que durante el año 2025 el Ministerio de Medio Ambiente haya evaluado y autorizado 6,000 proyectos, es estar muy atrasado tecnológicamente y creer que el país todavía vive en el año 2000 cuando se aprobó la Ley 64-00, porque quienes hacen la crítica no están utilizando el mismo teléfono celular que utilizaban en el año 2000, ni el mismo vehículo que utilizaban en el año 2000, ni mucho menos andan a caballo como lo hacía el abuelo.

Criticar la eficiencia del ministerio de Ambiente es hacer un innecesario ejercicio de oposición política que en nada beneficia al país, en nada afecta al ministerio de Ambiente, y mucho perjudica la imagen de políticos que critican eficiencia, pues si hay algo deseado por todo el que presenta un proyecto ante el ministerio de Ambiente, es una rápida respuesta, porque la Ley Ambiental en ningún lugar plantea demorar o bloquear proyectos para obstruir el desarrollo del país, sino evaluar los potenciales impactos, y hoy eso se hace en menos tiempo, y cuando el ministerio hace esfuerzos para agilizar los procesos, es para beneficio de todos, incluyendo quienes siempre hacen oposición a todo tipo de proyectos, como presas, carreteras, hoteles, minas, y generadoras eléctricas tipo Punta Catalina, y ahí están los resultados: presas aportando agua para acueductos, para canales de riego y para energía limpia y barata; carreteras facilitando conectividad vial; hoteles garantizando empleos y generando divisas con 12 millones de turistas al año, minas aportando el 51.9% de las exportaciones totales, y Punta Catalina generando 720 MW a bajo costo, todo sin que exista ningún desastre ambiental, pues para eso hay semestrales informes de cumplimiento ambiental (ICA).

Si un ministerio camina lentamente se le critica por obstruir el desarrollo, pero si el mismo ministerio es eficiente, y despacha, en menos de 60 días, proyectos de mínimos impactos ambientales, entonces se le critica por simple oposición política de aquellos que entienden que su papel de oposición es criticar todo lo que haga el gobierno de turno, aunque lo que se haga sea bueno para todos, y basta recordar que al presidente Balaguer se le objetaba todo, y se le criticaba todo, aunque luego sus críticos opositores ejecutaran, desde el gobierno, lo mismo que antes le habían criticado a Balaguer. El ministerio debe seguir adelante evaluando y despachando sin demoras, haciendo siempre las cosas bien, y anunciando todo lo que hace, pues el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7:16-20, dice: “Por sus frutos los conoceréis”.

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