La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su respaldo a las comunidades y ciudadanos que promueven, de manera pacífica, la preservación de las cordilleras Central y Septentrional, al tiempo que llamó a las autoridades a detener cualquier proyecto minero en estas zonas.

A continuación, te compartimos el comunicado íntegro:

La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifiesta su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, haciendo uso del derecho que les asiste, promueven, sin violencia, la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.

Asimismo, nos unimos a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras, ya que pueden comprometer la integridad ecológica de estas zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país.

En tal sentido, instamos a nuestras autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que piden el respeto de las cordilleras Central y Septentrional.

El papa Francisco, en la encíclica Laudato Si’, nos recuerda que el cuidado de la “casa común” es una responsabilidad compartida. Esta exige decisiones prudentes que deben estar orientadas al bien común y a la sostenibilidad de la vida. Por lo tanto, las montañas no solo constituyen un patrimonio natural invaluable, también son un elemento esencial para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país.

Nuestra principal preocupación frente a posibles operaciones mineras en las cordilleras Central y Septentrional es su impacto sobre el agua, puesto que es un recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas. Las cordilleras funcionan como grandes reservorios hídricos: captan, almacenan y distribuyen el agua. Esta agua alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional. Cualquier alteración significativa de estos sistemas puede afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua. En consecuencia, impactaría a la presente y a las futuras generaciones. La preocupación se extiende a todo acuífero o sistema hídrico nacional que necesite ser protegido de acciones que pongan en riesgo su vida útil.

Las actividades mineras, por su naturaleza, implican remoción de suelos y el uso intensivo de sustancias químicas. Además, generan desechos, por lo general altamente tóxicos, que, aun bajo controles técnicos, conllevan riesgos para las fuentes hídricas. La posible contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro. Por lo tanto, ellas pueden tener como secuela directa la modificación de los cursos naturales del agua. También afectan a los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas por tales actividades. La situación actual de la Presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país, atestigua esta realidad.

Como señala Laudato Si’, “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal” (LS n. 30). Proteger las montañas que garantizan este recurso es, por tanto, una expresión concreta de justicia social. También es una forma de respeto a la dignidad humana. Por lo que, quienes están haciendo sano uso de sus derechos ciudadanos realizan una acción legítima. Ellos reclaman que en ambas cordilleras no se aprueben proyectos de operación minera. Este es un reclamo justo por la vida de toda la nación.

La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la CED reafirma su compromiso con una visión de desarrollo nacional integral sustentable. Pedimos que se apliquen políticas económicas que armonicen el progreso económico con la protección ambiental. De manera especial, solicitamos la protección del recurso agua, como criterio básico de decisión sobre la viabilidad o no de todo proyecto minero. De igual forma, invitamos a que se promuevan alternativas económicas que aseguren el bienestar integral presente sin comprometer el futuro. En este espíritu, iluminados por la Laudato Si, número 13, exhortamos a fomentar el diálogo responsable entre autoridades y el pueblo, a los fines de buscar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de nuestros ecosistemas.