PNUD resalta avances y plantea soluciones a retos

Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra los avances significativos de República Dominicana en la transformación institucional y eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva; señala desafíos persistentes que limitan el acceso efectivo a la misma; y hace una serie de recomendaciones asociadas para fortalecer y ampliar los avances, y reducir barreras y respuesta en los servicios.

Los hallazgos fueron compilados en un documento titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, y presentados en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, que se desarrolla en el país con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Resalta los progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en cumplimiento de plazos, así como en la capacidad resolutiva logrado por el sistema, el cual “supera en promedio el 80 % de soluciones a nivel nacional”, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo. Cita como ejemplo el Distrito Nacional, con alto desarrollo humano, y una tasa de resolución de 92.3 %, mientras que la provincia Santo Domingo, y Montecristi con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 85.2 % y 76.1 % cada una.

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS

El análisis se complementó con un estudio de opinión no representativo que, evidenció, entre otras cosas, que 36.3 % de usuarios consultados dijo haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, principalmente, “demoras en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención”; y que 7 de cada 10 de los consultados “desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites”.

Indica que esto demuestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias, afirmando que “el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local”.

Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, los principales obstáculos que enfrentan los usuarios son; desconocimiento de sus derechos, los costos procesales y la duración de los procesos. A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros del sistema judicial que, entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05 % del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87 % en 2025.

“Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano” en coherencia con Objetivos de Desarrollo Sostenible.