Juan Carlos Mejía Aquino 
Donald Guerrero.
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes, fueron piezas claves en el presunto entramado de corrupción que beneficiaba con pagos irregulares a una empresa de Alexis Medina, acusado de encabezar un entramado de corrupción en el gobierno de su hermano Danilo Medina.
El expediente presentado por el Ministerio Público al tribunal plantea que junto Guerrero y a Reyes, el contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, se coalicionaron para realizar pagos fraudulentos a la empresa Domedical Supply, S.R.L, propiedad de Alexis.
«El director de la OISOE, el acusado Francisco Pagán, solicitó los pagos en la Contraloría General de la República. Pasado aproximadamente un mes de la solicitud, el contralor devolvió todos los expedientes, pero esa devolución no llegó a la OISOE, sino que fue remitida al Ministerio de Hacienda», resalta.
Agrega que esos contratos habían sido devueltos «porque había que adulterar las fechas, trabajarlo con una modalidad diferente para poder pagarlo, y es en ese contexto que se adulteraron contratos y cubicaciones para pagar por Hacienda».
Compañías de carpeta. Señala que la presunta organización criminal creó un entramado societario con una serie de empresas, entre los que figuran Domedical Supply S.R.L., las cuales se habría demostrado en eran compañías de carpetas dedicadas a las más variadas activiedades, pero sin que ninguna tenga capacidad operativa.
No «cumplían con los principios básicos de información de mercado, publicidad, ventas, transporte, almacenaje y financiamiento, a pesar de lo cual lograron colocarse por encima de empresas que sí tenían la competencia», señala el expediente.
Precisa, además, que esas compañías no contaban con los recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decían realizar. «Cambiaban de objeto social con frecuencia, a los fines de ajustarse a los requerimientos de los proyectos que contratarían las instituciones públicas, que ellos de antemano conocían a través de los funcionarios de estas».
