La directora general de Supérate, Gloria Reyes, no será interpelada por el Senado de la República por el fraude millonario que se cometió con dicho programa de ayuda social.

La información la ofreció la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, quien anunció que rendirá un informe desfavorable a petición del senador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo.

En tanto, Reyes, que fue recibida por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo a Lorenzo que espere los resultados de las investigaciones que encabeza el Ministerio Público respecto al fraude contra el Estado con las tarjetas de Supérate.

La titular de dicho programa de asistencia social añadió que espera también el informe de la Cámara de Cuentas sobre el tema, sobre una auditoría solicitada por su persona.

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En mayo de este año, se recuerda que la jueza titular de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araujo Rivas, dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción contra tres hombres acusados de clonar 558 tarjetas del programa Supérate, apresados en flagrante delito el pasado jueves 21 de abril, en el municipio Sabana Grande de Boyá.

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Los nombrados Yefri José Feliz Rodríguez; David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio; de 28, 30 y 18 años de edad, respectivamente, fueron enviados a la cárcel de La Victoria, luego que la magistrada Araujo Rivas acogiera el pedimento de la fiscal Ángela Contreras Albuez, de imponer prisión y declarar el caso complejo en contra de los imputados.

Luego de tres aplazamientos, este jueves fue celebrada la audiencia en la que les fue impuesta la medida a los acusados de estafar a 558 personas beneficiarias del subsidio Bonogás, residentes en la comunidad de Sabana Grande de Boyá, los cuales fueron apresados en flagrante delito, ocupándoles además de los plásticos; cuatro celulares, 19 chips, una máquina eléctrica, varios bauchers y recibos, cinta adhesiva y cuatro tarjetas de crédito.

El Ministerio Público se hizo acompañar del equipo de abogados de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), constituido por el licenciado Inocencio Martínez y la encargada Legal, Sol Ángel Rodríguez, quienes representaron a la institución que se convirtió en parte civil para poder judicializar los casos de fraude a los programas de protección social, de forma exitosa.