El Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sugirió ayer a la recién designada procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, iniciar su gestión con una “reingeniería total” del Ministerio Público y la elaboración de una estrategia que garantice la tranquilidad del pueblo dominicano en materia de criminalidad.

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Lo que hay que cambiar

Como parte de los retos a los que tendrá que enfrentarse la nueva titular, el abogado Diomedes Olivares Rosario refirió el sistema carcelario como otro de los procesos fundamentales en los que Reynoso deberá “trabajar fuertemente”, en especial en los procesos libertarios de los presos para que puedan tener un juicio justo y a tiempo.

Señaló que en la reforma también resulta necesario crear un sistema efectivo para la reinserción en la sociedad de aquellos encarcelados que ya hayan cumplido con sus condenas, para que sean útiles.

“En la parte de la reintegración de la sociedad esperamos que ella pueda empezar con un cambio verdadero en nuestras cárceles que son un cementerio de hombres vivos sin esperanza de volver a ver la luz y por eso cuando salen, en el mayor de los casos, vuelven a delinquir”, manifestó Diomedes Olivares.

En cuanto a la “reingeniería del Ministerio Público”, el abogado Miguel de la Rosa explicó que se trata de reducir la mora judicial, es decir, los expedientes que ya cuentan con mucho tiempo en los tribunales sin ser resueltos.

No obstante, el gremio saludó la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura y expresó plena confianza en que la nueva procuradora fortalecerá el sistema de justicia del país y enfrentará la corrupción y el crimen organizado.

“Nuestra justicia la necesita hoy más que nunca y sus decisiones serán meticulosamente evaluadas por muchos sectores y de manera muy especial por este Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados”, expresó el presidente de la comisión, Diego José García.

En el mismo orden, aseguró que Reynoso puede contar con el respaldo del consejo ante toda iniciativa que garantice el respeto al estado de derecho, así como una justicia equitativa para todos.