La posibilidad que estudia el Gobierno dominicano de cobrar por servicios de salud a inmigrantes indocumentados alertó a especialistas del sistema de salud, quienes plantean que se falta a la ética, al derecho y a la Constitución.

Para algunos, no se trata de un tema de cobro sencillo, lo que debe regularse es la inmigración irregular, pues la salud es un derecho consagrado en la Carta Magna. El doctor Pedro Ramírez Slaibe, experto en Seguridad Social y el Sistema de Salud, plantea que se debe hacer una reflexión basada en la racionalidad jurídica, económica y sanitaria. Asimismo, deberían evitarse posturas emocionales sobre los recientes pronunciamientos del presidente Luis Abinader. “El cobro por servicios de salud a inmigrantes en situación irregular presenta serias contradicciones normativas y conflictos jurídicos, además de impactos económicos, sociales y sanitarios que deben ser evaluados”.

Plantea que si el Gobierno decide cobrar a inmigrantes sin documentos, estaría reconociéndolos dentro del sistema legal. Sin embargo, un contrato de servicios requiere la capacidad jurídica de ambas partes.

Para exigir pago, el Estado debería otorgar cierto reconocimiento legal, lo que contradice su estatus de «ilegal». A los indocumentados. No se les reconoce para derechos básicos, pero sí para imponerles obligaciones económicas, se pregunta

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Este conflicto podría derivar en demandas legales y dificultades de aplicación ser violatorio a la Constitución. El Artículo 61 garantiza la salud como un derecho fundamental.

Más reacciones

Otro especialista asegura a Hoy que el cobro de servicios de salud a inmigrantes indocumentados enfrentarían mayores barreras para acceder a servicios de salud básicos y preventivos. Muchos inmigrantes dejarían de buscar atención médica por temor a los costos o a ser reportados a las autoridades migratorias.

La falta de atención preventiva y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas e infecciosas podría generar complicaciones en la salud pública.