Representantes legales del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso Coral, dijeron hoy que desde el inicio el Ministerio Público (MP) violó el debido proceso al no entregarles la orden de arresto contra el militar.

En rueda de prensa explicaron además que su defendido ha colaborado con el MP “en todo”, y que no hubo preguntas que Cáceres no respondiera. Destacaron que la esposa del militar sólo ha podido verlo una sola vez desde que él ingresó en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR Najayo), para cumplir la medida de coerción impuesta el pasado día 10 de mayo.

“Hasta ahora, la única voz que se ha escuchado es la del Ministerio Público”, dijeron los abogados sobre las acusaciones contra su cliente.

La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Rafael Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.

Sobre la supuesta trama para atentar contra vida de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, dijeron que su interés es que «un rumor como ese» sea llevado hasta las últimas consecuencias.

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Se recuerda que, de acuerdo a las autoridades, Cáceres Silvestre, mientras fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno de Danilo Medina, creó junto a otros miembros de organismos castrenses un entramado de “nóminas fraudulentas” para desviar fondos del erario, los cuales luego eran lavados en entidades religiosas y empresas que servían de fachada, de acuerdo a la solicitud de medidas de coerción que pesa en su contra.

El documento legal, instrumentado por la Pepca, establece que los imputados, el mayor general Cáceres, el coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), la asimilada de la Policía, Rossy Guzmán Sánchez, alias la Pastora, entre otros investigados, “se constituyeron en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto del 2020 y que incluso en la actualidad sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado”.