Por: RAFAEL PERALTA ROMERO
Más de la mitad de las provincias dominicanas llevan igual nombre que el municipio cabecera, lo cual ha generado la falsa percepción de que provincia es la ciudad principal, donde funciona la Gobernación, el Tribunal de Primera Instancia y otras dependencias estatales. Por igual, hay confusión para citar la capital provincial y diferenciarla de una demarcación mayor, que abarca los demás municipios que constituyen la provincia.
Resulta incómodo y poco práctico que las provincias hayan sido denominadas del mismo modo que el municipio cabecera. El uso del vocablo ascenso, empleado cuando se crea una provincia, aplicado al municipio que pasó a ser cabecera, es una muestra de que muchos creen, entre ellos autoridades, que un municipio, por ejemplo, San José de Ocoa, fue “ascendido” a provincia. Refuerza esta ilusión el hecho de que la nueva división coincide en nombre con el municipio.
No es extraño leer comunicados y declaraciones de prensa en los que representativos de un municipio solicitan al Congreso “elevarlo” de categoría. Se ignora muy frecuentemente que una provincia es la suma de varios municipios y distritos municipales y que ninguno pertenece a otro, sino que todos forman la provincia. Cada municipio cuenta con su gobierno local y -lo más importante- con sus elementos de identidad, entre ellos su gentilicio. De modo que quien es yumero no es higüeyano ni los sancheros son samaneses ni los tamborileños son santiagueros.
Tenemos dieciocho provincias en la engorrosa situación de llamarse del mismo modo que el municipio principal. La provincia es un ente jurídico, pero no popular, dispone de muy poca capacidad para aglutinar a sus habitantes. Es casi una fantasía. Lo que la gente añora es su municipio, allí reposan sus vínculos entrañables: su acta de nacimiento, partida de bautismo, su educación básica, sus amigos de infancia. Cuando se añora a La Vega o La Romana, en ningún caso se piensa en la provincia, sino en el municipio. Cuando se dice que “los veganos son buenos todos” no se incluye a jarabacoenses ni constanceros, aunque esos municipios formen parte de la provincia La Vega.
En 1952 fue fundada la provincia Salcedo, formada por los municipios Salcedo, Tenares y Villa Tapia. Cincuenta y cinco años después, sus habitantes consintieron en cambiar el nombre de la provincia -jamás del municipio- y mediante la Ley 389-07 quedó establecido que la provincia se llamara Hermanas Mirabal. Y los salcedenses siguieron siendo salcedenses.
Lo que ocurrió con Salcedo para mutarse a provincia Hermanas Mirabal es lo que conviene que suceda con las dieciocho provincias nombradas del mismo modo que su municipio capital. Estas son: Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná, Pedernales, San Juan, Azua, Barahona, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San José de Ocoa, San Cristóbal y Santo Domingo.
La propuesta
Dejando a cada municipio cabecera su denominación actual, mediante una ley del Congreso Nacional pueden cambiarse los nombres de las provincias. Para ello conviene hurgar en nuestra historia como nación y en las relaciones ancestrales de cada territorio para determinar denominaciones honrosas y que resulten del agrado de los moradores de la demarcación de que se trate.
Por ejemplo, Montecristi, podría ser provincia Marién y su capital conservaría el Montecristi. Dajabón, provincia podría llamarse José Cabrera o Cerros de Capotillo, capital Dajabón. La provincia Puerto Plata se nombraría Gregorio Luperón o Gregorio Gilbert, y su capital Puerto Plata. Podríamos llamar Santiago el Mayor o provincia 30 de Marzo, a la actual provincia Santiago, mientras su municipio principal sigue siendo Santiago de los Caballeros.
La provincia La Vega podría llamarse La Concepción, mientras su capital, la culta y olímpica, seguirá siendo La Vega. Que Samaná siga identificando al municipio y la provincia peninsular sea honrada con el nombre de la reina Anacaona. El municipio Pedernales puede diferenciarse de la provincia a la que pertenece si esta llevara el nombre Jaragua, muy acorde con su ubicación. La provincia San Juan puede cambiar para La Maguana y su municipio cabecera regodearse con su viejo nombre San Juan de la Maguana.
Al municipio de Azua nos gozamos llamándolo Azua de Compostela, pues entonces que la provincia comience a llamarse Compostela. El nombre de Barahona sería más exclusivo si la provincia de la que es cabecera llevara otra denominación: Caonabo, por ejemplo. Propongo que la provincia San José de Ocoa, la más joven del país, ceda esa denominación a su municipio cabecera y renombrarse provincia Valdesia o provincia Ocoa.
Un justo orgullo de los naturales de San Cristóbal es que en esa villa se firmó la primera Constitución de la República Dominicana, en 1844. Es justo que el municipio cabecera preserve su vieja identidad (San Cristóbal) y la provincia ostente el glorioso apelativo Constitución. La provincia Santo Domingo, la cual contiene tres municipios con similar nombre, además de lindar con la Capital, también llamada Santo Domingo, debe clamar a gritos que le busquen otro nombre. Por ejemplo: provincia Ozama o provincia Quisqueya.
¿Qué decir de Monte Plata? Que el municipio retenga su histórico nombre y la provincia sea nombrada Monseñor Meriño. En tanto que San Pedro de Macorís, municipio sobresaliente, mantenga ese nombre, pero la provincia sea denominada Macorix, La Sultana o Pedro Mir; la provincia La Romana puede llamarse Cayacoa, para honra del cacique, mientras su capital conservará La Romana, un nombre de mucho peso. La provincia Hato Mayor puede llamarse Maguá, a la vez que su municipio capital se pavonee con el vetusto apelativo Hato Mayor. Mi provincia El Seibo, de la que forma parte Miches, pudiera ceder ese nombre al municipio cabecera y lucirse ante el resto de la nación como provincia Manuela Díez, recordando a la ilustre progenitora del fundador de la Republica Dominicana, Juan Pablo Duarte.
El Congreso Nacional puede hacerlo. Me parece que es necesario y conveniente.