Esteban Rosario y los dueños de RD    

Esteban Rosario y los dueños de RD    

J. LUIS ROJAS

Para entender el origen, la naturaleza, los propósitos y la carpintería que siempre han rodeado las relaciones entre los grupos económicos, las familias oligárquicas, los líderes de las organizaciones políticas y los incumbentes de las instituciones del Estado dominicano, es oportuno releer los libros del periodista e investigador Esteban Rosario. Por ejemplo: Iglesia católica y oligarquía, El narcotráfico en la República Dominicana, Corrupción y privilegios empresariales, La oligarquía de Santiago, Trujillo y la Tabacalera, Las quiebras bancarias en Santiago y Santo Domingo, La familia Bermúdez: Fortuna y Crisis, El Grupo Vicini: El verdadero poder, La corrupción en los Ayuntamientos de Santiago, así como Los dueños de la República Dominicana.

En los últimos meses, la sociedad dominicana ha observado a representantes de la Procuraduría General de la República, llevar a cabo importantes investigaciones (Calamar, Antipulpo, Medusa, Coral y Coral 5G, Caracol, Operación 13, Odebrecht, entre otros). En cada una de ellas existe un elemento común: complicidad entre empresarios y políticos. En este sentido, para comprender las causas que originan estas prácticas ilícitas, es recomendable leer los datos que proporciona el periodista e investigador Esteban Rosario, en la más reciente edición de su libro: “Los dueños de la República Dominicana”. (2008).

En la referida obra, Rosario describe los nombres de las familias más influyentes en los ámbitos sociales, económicos y políticos de Republica Dominicana. Además, aborda el árbol genealógico de la oligarquía dominicana. También, reseña la concentración de la tierra, los monopolios agroindustriales, el control de los órganos de decisión, control de las instituciones sin fines de lucro, propiedad de las universidades privadas, los dueños de la gran industria, las inversiones turísticas, el sector financiero, entre otros temas relevantes.  Sin ninguna duda, en la sociedad dominicana existe un vínculo inseparable entre la conducta empresarial, la impunidad y la doble moral de los políticos.

Una de las hipótesis planteadas por Esteban Rosario, en su libro “Los dueños de la República Dominicana”, especifica que los grupos económicos y familiares son los dueños de RD. Para sustentar dicha afirmación, Rosario, destaca las siguientes jugadas de los empresarios:

  • Controlan el país y sus instituciones.
  • Concentran la riqueza nacional.
  • Tienen todos los privilegios del Estado.
  • Reciben incentivos, concesiones, exoneraciones y tienen un alto nivel de impunidad.
  • Violan las leyes y no son apresados.
  • Quiebran bancos y el Estado los protege.
  • Circulan entre sí en las empresas públicas y privadas.
  • El Congreso Nacional está bajo su control.
  • Los partidos políticos son sus prisioneros.

Con respecto a las familias oligárquicas dominicanas, el periodista e investigador Esteban Rosario, enumera algunas de las características de éstas:

  • Se casan entre sí y su base de sustentación es el monopolio.
  • 3 empresas monopolizan el 100 por ciento de la producción de pastas de tomate.
  • 20 familias están presentes en los consejos directivos de las principales empresas, de las universidades privadas y los medios de comunicación.
  • 20 familias controlan los principales órganos de decisión económica del Estado.
  • El 3.2 por ciento de las industrias controla el 50.1 por ciento del capital invertido en el país; el 47 por ciento de las ventas totales y el 23 por ciento del empleo directo.
  • 3 bancos comerciales controlan el 70 por ciento del crédito nacional.
  • 3 empresas dominan el mercado de las telecomunicaciones.
  • 3 industrias controlan la producción de leche.
  • 6 Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) controlan el Seguro Familiar de Salud.
  • 5 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) dominan la seguridad social.
  • Controlan la producción de leche y monopolizan la producción de cigarrillos; además dominan el mercado de la cerveza y la producción de ron.

En Republica Dominicana, igual que en otros países caracterizados por la desigualdad, la pobreza, la falta de institucionalidad, la corrupción, la impunidad, los privilegios y la exclusión, los grupos económicos, las familias oligárquicas y los líderes de las organizaciones políticas, suelen construir sus grandes fortunas a través de acciones deshonestas, ilícitas e incluso criminales. Un ejemplo de ello son los distintos casos que actualmente lleva a cabo el personal de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA).  

A propósito de los empresarios y políticos dominicanos imputados por actos de corrupción, se recuerda lo que en una ocasión publicó el periódico El Nacional de Ahora, en su sección Polibroma: “En República Dominicana hay personas que cuando nacieron, las declararon en la Tesorería Nacional, en vez de la Oficialía de Estado Civil”. (1988).

¿Dónde están los líderes políticos, empresariales, académicos, profesionales, laborales, religiosos y sociales, dispuestos a luchar por promover y hacer realidad el sueño de tener una República Dominicana más próspera, segura, inclusiva y justa, que facilite el desarrollo humano y profesional sostenible para las presentes y futuras generaciones? La respuesta más oportuna a esta interrogante, es la conclusión que plantea Esteban Rosario, en su libro: Los dueños de la República Dominicana: “Para que la democracia dominicana pueda mantenerse, se hace necesario redistribuir el ingreso. O, de lo contrario, el pueblo dominicano buscará nuevos senderos políticos”.  

Tomando como punto de referencia la magnitud y cantidad de las operaciones o casos que maneja la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA), parecería que muchos de los políticos, viejos y jóvenes empresarios dominicanos, han desarrollado múltiples habilidades para acumular grandes fortunas, al margen de la ética, la decencia y de lo lícito. ¿Les interesa a las élites empresariales y políticas que República Dominicana sea una sociedad decente, próspera y justa, en la que todos sus ciudadanos respeten las leyes, la institucionalidad y tengan las mismas oportunidades.