Todo parece indicar que el tema de la educación pública dominicana continúa siendo sensible para la ciudadanía y se manifiesta, al oponerse a la iniciativa del Poder Ejecutivo que introdujo al Congreso de la República, vía la Cámara de Diputados, una modificación al presupuesto nacional de 2022, en la que, entre otros aspectos, le reducía a la educación preuniversitaria un monto de RD$ 4,250 millones.

La colocación nueva vez en agenda del tema de la educación en el país no se limita a la dotación de recursos financieros y algunos cuestionamientos al parámetro del 4.0 % del PIB, sino, además, a la calidad de la educación. En ocasión del debate, esta opinión se suma, examinando el texto legal del 4.0 % del PIB a la educación, así como a los resultados seleccionados que reflejan su desempeño.

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Conforme a la ley general de educación, el Art. 197 dice que: El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)”.

Mientras que, el Art. 198 señala que: “El gasto público anual en educación guardará una proporción de hasta un ochenta por ciento (80%) para gastos corrientes y al menos un veinte por ciento (20%) para gastos de capital. En caso de que los planes de desarrollo educativo del país demanden de mayores inversiones de capital el Estado podrá recurrir al financiamiento o ayuda externa para lo cual se harán las previsiones de lugar”.

Esta opinión considera que el Art. 197 tiene imprecisión y exceso, veamos: la inexactitud viene cuando indica que es el 4.0 % del PIB, sin especificar si se refiere al nominal o a precio constante, lo que en una discusión de carácter legal abre espacio para señalar que puede calcularse a precio constante. Desde que se inició la implementación del 4.0 % en el 2013, las autoridades lo han calculado en base al PIB nominal. En cuanto a la sobreabundancia, el referido artículo indica, que el monto calculado debe ajustarse con la tasa de inflación anual, sin perjuicio de los incrementos correspondientes al porcentaje del PIB, lo que indica que el monto apropiado a educación debe ser mayor al 4.0 %, de haber inflación.

A modo de muestra, el monto de la apropiación para la educación preuniversitaria de 2022 asciende a RD$ 231,147 millones, de indexarle la inflación anual de 2021 que fue de un 8.5 %, como manda el Art. 197 de la ley de educación, la cifra se elevaría a RD$ 249,639 millones, para una diferencia de RD$ 18,492 millones.

El dispositivo del ajuste por inflación referido en el párrafo anterior, puede ser señal de que contraviene la esencia del cálculo del monto del 4.0 % del PIB, pues como se realiza con el PIB nominal, resulta que este indicador ya incluye la variación de precios de toda la economía, incluso, mucho más representativo que la tasa de inflación, que solo abarca la canasta de bienes y servicios familiar.

Al referirnos al Art. 198, encontramos que al menos la ejecución presupuestaria de 2021 se desvío sobre lo dispuesto por la ordenanza legal que indica un 80/20 para gasto corriente y de capital, al registrar un 93.6 % y un 6.4 %.

El porcentaje promedio de gasto del PIB ejecutado durante el 2013 al 2021 es de un 3.87 % y el promedio acotado es un 3.79 %, indicativo de una subejecución con respecto a lo dispuesto legalmente. El promedio de cumplimiento sin el año 2020 es de un 97.7 % e incluyéndolo de un 98.4 %. Por el lado de lo formulado, el promedio hasta el 2022 es de un 3.96 %. En general puede afirmarse que el nivel de desvío entre el parámetro del 4.0 % frente a lo formulado y ejecutado no resulta significativo.

Para los 10 años que lleva la educación preuniversitaria apropiándole el 4.0 % del PIB nominal, en total ha recibido algo más 1.5 billones de pesos y en términos promedio por cada estudiante la inversión pública ha sido de RD$ 48,916 para el 2013, para luego pasar a RD$ 110,663 en el 2022, multiplicándose por 2.3 durante en la última década la inversión per cápita.

Como ha podido apreciarse, el aumento del gasto en educación es evidente, aunque ello no implique necesariamente iguales resultados en materia de la calidad en los resultados básicos del desempeño de la enseñanza pública dominicana. Medir la calidad de la educación es complejo y necesita de una robusta base de datos estandarizados, requisito que no se cumple a cabalidad.

Un dato general que puede mostrar la acumulación del aprendizaje de los estudiantes de los niveles básico y medio e indicar si se encamina hacia la mejoría en la calidad es el de las pruebas nacionales. Para el 2013 el nivel básico de acuerdo a las denominadas pruebas y convirtiendo la escala del 1 al 30 a la del 1 al 100, obtuvo un 53.0 de calificación y el medio un 56.0, para el 2019 fue de un 61 y un 62, respectivamente, lo que muestra una mejoría, pero aun quedando la nota en el nivel de reprobado. La prueba PISA puede ser otra expresión del poco avance en materia de la calidad educativa, pues los resultados en matemática, ciencias y lectura nos colocan en el último lugar en el 2018, un retrato que degrada los malos resultados del 2015.

En cuanto al índice de cobertura neta, el nivel básico pasó de 92.5 a 95.4 y el medio de 54 a 76, lo que indica que este último aún se encuentra muy distante de la cobertura máxima del 100 por ciento.

El indicador de alumno por aula en el 2013 era de 49.3 y en el 2020 de 40, la de alumno por cada docente de 29 y 22 y la tasa de analfabetismo ha pasado de 9.1 a 6.3 %, para igual periodo. Probablemente estos indicadores para el año escolar 2022/23 se han deteriorado dada las informaciones aparecidas en los medios nacionales y admitidas por las autoridades, en cuanto a la falta de capacidad para atender la demanda de asientos en el sistema público escolar.

Conforme a algunos resultados que están asociados a la mayor dotación de aulas, docentes, pruebas nacionales y PISA, no parece alinearse con los más de 1.5 billones de pesos que ha recibido la educación pública preuniversitaria y que se traduce en una mayor inversión per cápita en la actualidad que al momento de incitarse la ejecución del 4.0 % del PIB a la educación.