Ámbar Frías 
Investigadores Jimena Reyes y Manuel Ollecc.
Investigadores internacionales exigen al Gobierno responder ante daños causados por planta Punta Catalina y acelerar titulaciones afectados caso de Los Tres Brazos
Los investigadores internacionales Jimena Reyes y Manuel Ollecc junto a la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunciaron cómo la corrupción en la República Dominicana viola los derechos de miles de personas en tres temas críticos que sacuden al país: la colosal estafa de Los Tres Brazos, la contaminación medioambiental generada por la planta termoeléctrica Punta Catalina y las extorsiones que forman parte del pan de cada día de los inmigrantes haitianos.
La FIDH, con la participación de Reyes y Ollecc se ha enfocado en dar visibilidad y buscar soluciones a los casos que afectan la vida y la salud de determinados grupos sociales, con la misión de asegurar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y de que estos rindan cuentas y mejoren las situaciones provocadas a las comunidades que han resultado afectadas producto de su actividad.
En el caso de Punta Catalina, de acuerdo con un estudio compartido por la FIDH indicó que la central arroja diariamente alrededor de cinco mil toneladas de cenizas tóxicas al medio ambiente.
Partiendo de estos datos, los investigadores han documentado a través de entrevistas a la sociedad civil el profundo impacto ambiental y social que ha tenido la planta termoeléctrica en la comunidad circundante.
Los testimonios recolectados revelan como el modo de vida local ha cambiado por completo desde la instalación de la central, afectando tanto la economía como la salud de la población.
Conforme a lo relatado por Ollecc, los entrevistados describen una serie de problemas medioambientales graves que incluyen la desaparición de playas y carreteras, así como una significante caída en la actividad pesquera que es una fuente de sustento para muchas familias de la zona. Entre otras repercusiones, el investigador también resaltó la disminución del turismo y las actividades comerciales, lo que ha afectado en gran manera la estabilidad económica de la zona.
Los efectos nocivos de los residuos, no solo han trascendido de forma negativa en el medio ambiente, sino que también se han reflejado en la salud de los habitantes y los trabajadores de la planta.
Desde la construcción de la central, en la comunidad se ha registrado un incremento alarmante en la mortalidad infantil y juvenil, así como un aumento en los casos de abortos espontáneos, muertes por infartos, entre otras enfermedades en los riñones y pulmones provocadas por el plomo y demás desechos tóxicos que emite la planta.
“Queremos que el Gobierno de respuesta y constituya esa mesa de diálogo y que sobre todo, primero cesen esas emisiones, se reparen lo perjudicial que está siendo para la salud y el derecho a la vida de las personas. Por otro lado, que se repare también a los ya directamente perjudicados, que muchos de ellos están en la ruina”, explicó Ollecc.
A pesar de los esfuerzos de la FIDH, los avances han sido hasta el momento nulos pues a pesar del tiempo que lleva en curso la misión, la situación en la zona permanece igual, según relató Jimena Reyes.
Hasta el momento los investigadores lograron reunirse hace un año con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes expresaron tener la voluntad de ir a la mesa del diálogo. Sin embargo, a día de hoy los investigadores aún siguen a la espera de que aquel diálogo suceda.
Extorsión a los haitianos
En cuanto al tema de los haitianos, Reyes y Ollecc expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y el discurso racista que se está desarrollando en el país. “Nos preocupa mucho este discurso de deshumanización hacia las personas de origen haitiana”, afirmó Reyes.
Si bien la investigadora dijo entender el derecho de la República Dominicana de proteger sus fronteras y su economía, condenó los maltratos y las injusticias que se cometen contra la población haitiana, en un momento en el que el Gobierno ha fijado la meta de realizar 10 mil deportaciones semanales.
Reyes también relató algunos de los testimonios recopilados, entre los que resaltó como los agentes de migración han llegado hasta las maternidades para intentar deportar mujeres haitianas que se encuentran en pleno trabajo de parto.
Por su parte, Ollecc expresó su preocupación ante la indiferencia que muestra el pueblo dominicano respecto a las situaciones injustas de las que son víctimas los nacionales haitianos cada día en el país.
Caso Los Tres Brazos
La estafa de los Tres Brazos, que dejó a decenas de familias desprotegidas y víctimas de una presunta venta de cuatro millones de metros cuadrados de terreno público, es otro de los casos de estudio de Reyes y Ollecc que constituye no solo un gran problema de derechos humanos, sino también un problema de impunidad de la acción.
La situación, que dejó a numerosas personas en la quiebra al intentar comprar terrenos que ya les pertenecían, aún sigue sin resolverse del todo, aunque ha mostrado avances tras la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional declarar nula la venta de los terrenos el pasado mes de octubre.
Manuel Ollecc expresó su esperanza de que las resoluciones judiciales pendientes en este momento se ajusten a los estándares del debido proceso que dictan tanto el Tribunal Constitucional de la República como los estándares de los tribunales internacionales.
