Debido a que la Contraloría por sí sola no puede llevar procesos judiciales, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le recomendó remitir a la Procuraduría general todas aquellas auditorías de organismos públicos donde haya detectado hallazgos importantes.

Destacó específicamente las últimas presentadas por el órgano rector del sistema nacional de control interno, en las que, entre otros resultados, se pueden ver hallazgos importantes como incumplimientos contractuales, y mala distribución y uso de presupuestos.

La entidad de la sociedad civil dijo que para una institucionalidad democrática fuerte es necesario que todos los organismos públicos realicen sus funciones dotadas de un sistema de control que evite desviar los fondos públicos.

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“Por lo cual instamos a que todos los razonamientos que realice la Contraloría General sean atinados y pertinentes, destinando su archivo y control al Ministerio Público u órgano que corresponda cuando así lo considere”, agregó

Recordó que la responsabilidad de la Contraloría es velar por el correcto manejo, uso e inversión de los recursos públicos de las diferentes instituciones del Estado, y que su función principal es auditar y establecer responsabilidades administrativas y civiles.

Sin embargo, dijo que su naturaleza jurídica la limita a ejercer la fiscalización interna, y no puede extralimitarse más allá de las potestades que le otorgan la Constitución y la Ley 10-07.

“Aunque su función principal es auditar y establecer responsabilidades administrativas y civiles, por sí sola no puede llevar procesos judiciales; es decir, sus responsabilidades tienen un deber más informativo que de sostener algún proceso por ante un juez por sí sola, pues este ejercicio se realiza sin perjuicio de las atribuciones de la Cámara de Cuentas o de cualquier otro organismo sobre la materia”, puntualizó diciendo la Finjus a través de su vocero Servio Tulio Castaños Guzmán.