La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), sugirió al gobierno dominicano, el gestionar en virtud de la cooperación penal internacional, su participación en las negociaciones de culpabilidad, que recientemente la fiscalía federal de los Estados Unidos de Norte América (EEUU), le ofreciera a César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, por tráfico internacional de drogas.

Para la entidad cívica sería de mucho provecho para el país, el hacer causa común con las fiscalías de Puerto Rico y Miami, además con la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), principales interesados y aportantes de la carga probatoria en el juicio que se le sigue a César Emilio Peralta, ello así por la triangulación y utilización del territorio dominicano, como base central para el trasiego internacional de drogas y el lavado de activos.

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De acuerdo con Trajano Potentini, presidente de la FJT, la incursión y participación del país en las investigaciones y acuerdos con César Emilio Peralta, servirían para desmantelar estructuras y mafias criminales, que por muchos años sirvieron y protegieron las actividades delictivas en la República Dominicana, que hoy sirven de base a las acusaciones que los EEUU sustentan contra el abusador.

Potentini entiende que para el gobierno dominicano y en particular para el ministerio público, sería muy oportuno, el dar continuidad al referido caso, por tratarse de un expediente que también está abierto en el país, el cual sigue pendiente de conocimiento y persecución, hay que recordar el estatus de prófugo y el proceso en curso que se le sigue a César el abusador, un caso que, por su trascendencia e impacto, debe ser ampliado y llevado hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, la FJT hace votos para que el FJT lleva al senado propuesta de referendo de eliminar AFPno abandone la oportunidad de esclarecer y profundizar este caso, toda vez que el mismo quedaría siempre pendiente de conclusión, ya que el país original de extradición lo fue Colombia y no la República Dominicana, en consecuencia, nada de lo tratado en los Estados Unidos, salvo que tengamos participación, nos sería oponible o vinculante, quedando el caso siempre abierto y en un limbo jurídico en la República Dominicana, país central en el referido entramado criminal.