El Ministerio Público allanó hoy toda la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, a cuyos directivos investiga, junto a varios funcionarios, por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

El operativo es parte de la denominada Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Pepca, encabeza el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo. Mientras, la responsable de la Dirección de General de Persecución, Yeni Berenice, y un amplio equipo de fiscales realizan diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el
Ministerio Público en el organismo fiscalizador.

En la Operación Caracol participaron decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, quienes tomaron el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

El allanamiento de este lunes se produce con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.