La protección laboral que pretende la ley mediante una tarifa salarial básica no surte el pretendido efecto dominó en favor de empleados de más categoría. Lo confirman esta vez un estudio sobre ingresos nacionales premiado por el Banco Central y la consulta aplicada por el «Instituto para la Investigación Social para el Desarrollo» a trabajadores que demostró que el 54% de ellos en el país se declara insuficientemente remunerado de lo que nadie puede dudar.

Adicionalmente, un clamor sindical ha surgido en favor de que sea convocado el Comité Nacional de Salarios para frenar con más remuneraciones la erosión generalizada que causa la inflación al poder de compra. El llamado del presidente Luis Abinader a los empleadores para que eleven voluntariamente los jornales más allá de los mínimos cayó al parecer en oídos sordos aunque en un principio los liderazgos empresariales formularon comentarios favorables.

Al comité que emite resoluciones para mejorar la calidad de vida mediante topes salariales para quienes venden su fuerza de trabajo le son atribuidos preocupantes efectos negativos tras una investigación desarrollada en los años 2013 al 2019 a cargo de Antonio María Giraldi, Ledys Claribel Féliz y Camila Hernández.

Es evidente que la fijación de alguna camisa de fuerza al pago de nóminas pone en riesgo los empleos de los propios beneficiarios en empresas de todos los tamaños que con frecuencia reducen el personal cuando sus costos laborales suben por imposiciones legales o circunstanciales, con mayor perjuicio para asalariados jóvenes y masculinos y con más alta probabilidad de cancelación para quienes trabajan en entidades de mediana dimensión y elevado uso de mano de obra. La interacción entre el huevo y la piedra que se repite interminablemente.

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La falta de equilibrio

La Organización Internacional del Trabajo también formula críticas a la fijación de salarios mínimos con un análisis que van más allá de las fronteras dominicanas y que indica que muchas veces se peca de situarlos demasiado bajos y de poco efecto de protección a los trabajadores y sus familias. Y puede que ocurra lo contrario al establecerlos demasiado altos que resultan poco respetados o que tendrían las consecuencias adversas de echar empleados a la calle.

Por ello aboga por lograr un equilibrio entre las distintas consideraciones y riesgos para asegurar que los salarios mínimos se adapten al contexto nacional y que se tomen en cuenta tanto la protección efectiva de los trabajadores como el desarrollo de empresas sostenibles. Aceptando la realidad de que tales niveles deben ser ajustados con frecuencia. «El no hacerlo puede dar lugar a que el poder adquisitivo de los trabajadores que ganan el mínimo se deteriore cuando se produzca un aumento de los precios de los bienes y servicios o puede generar una mayor desigualdad salarial cuando el nivel general de los salarios aumenta».

La posibilidad de que la reacción patronal a disposiciones que obliguen a subir salarios consista en despedir trabajadores lleva a la OIT a serias preocupaciones sobre la pertinencia o no de imponer tarifas mínimas que en determinados casos priven de ingresos y reduzcan las condiciones de vida de la población más pobre y consideró esencial «asegurar que el impacto de los ajustes del salario mínimo sea adecuadamente vigilado y estudiado».

Reconoce también que el salario mínimo ha sido objeto permanentemente de controversias en torno a su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos para los que deben pesar tanto las necesidades de los asalariados como los factores que pueden determinar la buena marcha de cualquier economía nacional.

«El debate se ha centrado tradicionalmente sobre las consecuencias que su implantación puede tener sobre el nivel de empleo».

Un problema regional

La ineficacia de los salarios mínimos para inducir remuneraciones más altas al universo de trabajadores en empresas cabe en el contexto de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denomina «una trampa de desarrollo» que en América Latina y el Caribe han mantenido en gran medida inalteradas «la alta desigualdad y el bajo crecimiento» a pesar de décadas de un progreso que considera amenazado. a partir de la pandemia. El estancamiento salarial es signo de ello.

La entidad denuncia lo que denomina «elementos de diseño de los sistemas de protección social y de los marcos regulatorios de los mercados laborales que introducen distorsiones a la economía» que dan lugar a medidas fragmentadas con perspectiva de corto plazo que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes. En el país la Seguridad Social está singularmente mediatizada por conflictos con prestadores de servicios y fallas estructurales que reclaman consensos que tardan para superarlas.

En su informe regional de desarrollo 2021 el PNUD toca tangencialmente las inferioridades salariales de América Latina y el Caribe sosteniendo que «es una región de grandes contrastes, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema». La región se caracteriza también por un crecimiento muy volátil y en bajo promedio que las resoluciones que establecen salarios mínimos no contribuyen a resolver.

Al abundar en su diagnóstico indicador de que en la región el desarrollo está mediatizado por una «trampa», el PNUD explica que la alta desigualdad y el bajo crecimiento son dos fenómenos que interactúan en un círculo vicioso que limita la capacidad de progresar en todos los frentes. «Es necesario comprender la naturaleza de la trampa para liberarse de ella». Y de la forma en que victimiza a quienes sufren por la congelación de ingresos.