El viernes 29 de agosto de 1980 el presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández recibió en el Palacio Nacional una comisión de la Gulf and Western Industries, encabezada por el abogado estadounidense Cyrus Roberts Vance, que deseaba restablecer la relación de este consorcio internacional con el Estado, quebrantada luego de que se negara a pagar $38.7 millones de dólares de una deuda generada entre 1974 y 1975, derivada de la venta de azúcar de su ingenio Central Romana.

Esa negativa fue divulgada el día 15 anterior en un comunicado publicado en espacios pagados en los diarios nacionales, donde declaraba categóricamente que no existía ningún compromiso que saldar ni “ninguna cuenta por cobrar relacionada con esta transacción en los libros de ningún organismo oficial”. De manera que “no le debemos nada al Gobierno dominicano”, advirtiendo que “no tenemos el más mínimo temor en defender nuestros intereses y, más aún, nuestro honor. Si se iniciase cualquier proceso legal contra nosotros, estamos dispuestos a pelear vigorosamente en cualquier corte o foro a nuestro alcance”.

Las acciones de cobro estuvieron dirigidas por el secretario técnico de la Presidencia, Ramón Martínez Aponte y el secretario de Obras Públicas, ingeniero Fernando Periche Vidal, quienes se mantuvieron negociando de manera amistosa con los ejecutivos de la Gulf and Western por un período relativamente largo; pero todo terminó el 18 de julio de 1980 en Connecticut, Estados Unidos, por discrepancias en algunos puntos relativos al pago del Impuesto sobre la Renta en República Dominicana.

Un mes más tarde se produjo la categórica declaración pública del consorcio propiedad del magnate austríaco estadounidense Charles Bludorm, originando enseguida una contundente respuesta del presidente Guzmán que expresó su asombro por la actitud retadora de “esa compañía, que tantos beneficios ha obtenido de nuestro país” y la calificó de desafiante, prepotente y reñida con los mejores intereses de la nación.

El primer mandatario tocó el tema durante el discurso pronunciado el 16 de agosto para conmemorar el 117 aniversario de la Restauración de la República, que aprovechó para recordar que el diario matutino El Sol había publicado hacía un año “un documento de la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América que revelaba, entre otras cosas, que la Gulf and Western Industries había registrado en sus libros operaciones de ventas futuras de azúcares, realizadas en 1974 y 1975”.

También se refirió a las conversaciones sostenidas entre su Gobierno y los ejecutivos del consorcio multinacional, señalando que no se pudo alcanzar un acuerdo satisfactorio porque ninguna de las fórmulas que estos plantearon satisfacía las aspiraciones del país, incluyendo su última propuesta que contemplaba aportar donaciones con deducciones del Impuesto sobre la Renta, lo que se traduciría en pérdida, ya que la cantidad neta a recibir por el Estado, producto de la aplicación de los descuentos, se situaría muy por debajo de lo esperado; es decir que los desembolsos nunca llegarían a la suma neta de $38.7 millones de dólares.

Guzmán advirtió que defendería el interés nacional por encima de cualquier circunstancia y como prueba de su voluntad en impedir el escamoteo del dinero adeudado, instruyó “al procurador general de la República para que proceda a concertar un acuerdo de extradición de documentos con las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América, y para que realice las actuaciones y procedimientos legales correspondientes”.

En su alocución comentó la renuncia al cargo de contralor general de la República que había presentado el doctor José Rafael Abinader, para dedicarse a reorganizar su partido (Alianza Social Demócrata) e indicó que rehusó aceptarla en interés de “que continúe trabajando con el procurador general de la República, y con todas las autoridades, en la conclusión de este expediente”.

El discurso de Guzmán estuvo precedido del editorial mesurado y conciliatorio expuesto el día 15 por el periódico Listín Diario, donde opinó que “sin humillaciones, sin coacciones judiciales, con espíritu cordial, razonable y realista, Gobierno y Gulf and Western están llamados a un acuerdo honorable y satisfactorio”, para preservar “las grandes promesas económicas de 1981, fundadas en la bonanza azucarera. Un acuerdo honorable es lo que reclama el interés nacional”.

Agregó que estaban puestos a prueba el sentido de obligaciones con el país que debía tener la Gulf and Western, y la responsabilidad económica del Gobierno para con su nación.

Otros pronunciamientos y reclamos

Poco después de retomar sus funciones -el lunes 18 de agosto de 1980-, el doctor Abinader proclamó que el expediente de la deuda sería reforzado con nuevas evidencias de su existencia que reuniría en Washington, a donde iría a fines de mes en compañía del procurador general, doctor Bienvenido Mejía y Mejía, con la convicción de que al Gobierno le asistía la razón de hecho y derecho, y el pleito estaba ganado.

Informó que, de llevarse a cabo una acción judicial, se haría al amparo de la llamada Ley Alfonseca-Salazar sobre demandas a firmas extranjeras radicadas en la República Dominicana, aun cuando “al Gobierno no le interesan estos litigios, pero sí está empeñado en defender los intereses de la nación”.

En esa misma onda se manifestó un día después, aunque con una posición mucho más radical, el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), profesor Juan Bosch, quien recomendó al presidente Guzmán que contemplara la confiscación de tierras a la Gulf and Western por valor de los 38.7 millones de dólares, con lo cual, según calculó, «podrían ser beneficiados unos cien mil campesinos a través de un masivo asentamiento de unas 20 mil familias».

Señalo que “para que el Gobierno se sienta capaz de convertir el desafío de la Gulf and Western en un paso de avance en favor de más de 100 mil campesinos, o de la cantidad que quepa en las tierras que se les confisquen a la Gulf, es necesario que cuente con el apoyo del pueblo; que todo el que se sienta dominicano herido en su amor a la patria por la conducta arrogante de la Gulf and Western, por la explotación a que tiene sometido este país desde hace años, le dé apoyo al Gobierno para que este se fortalezca con ese apoyo y comience a actuar como un defensor de los intereses del país frente a ese tiburón llamado la Gulf and Western”.

Bosch instó a Guzmán a procurar el apoyo del pueblo para enfrentar, fortalecido, la negativa de esa transnacional a pagar su deuda al Estado dominicano; pues consideró que el Gobierno lucía débil frente a la empresa extranjera y por esa razón adelantó el respaldo de su partido a una medida de esa naturaleza, considerando que el presidente Guzmán necesitaba ahora de apoyo popular para acometer con éxito su empeño de cobrar la suma adeudada, porque «si el Gobierno no tiene apoyo en la opinión pública nacional e internacional la Gulf acabará saliéndose con la suya».

La posición del líder opositor fue en parte secundada el jueves 21 de agosto de 1980 por el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho), quien dijo estar del lado del Estado dominicano en el reclamo de los 38.7 millones de dólares que le adeudaba la Gulf and Western.
El dirigente nacionalista lamentó que el Gobierno “no pusiera en movimiento la Justicia hace mucho tiempo” y afirmó también que conjuntamente con la acción legal encaminada a obligar a la empresa multinacional a que pague el dinero, debe investigarse si en la negociación que hizo la Gulf “hay algún crimen de por medio”.

El presidente de la FNP apuntó que hacía más de un año que ofreció sus servicios profesionales «sin esperar un solo centavo» para efectuar el cobro y señaló que era un error hablar de 38.7 millones dólares, porque los intereses, a la luz del derecho, habían elevado esa suma a más de 50 millones, pues jurídicamente a la Gulf and Western se le podía cobrar tres años de intereses.

El doctor Castillo estableció que el Estado debe iniciar cuanto antes el proceso de cobro y en el curso de la litis abrir un capítulo de negociaciones. “Así se negociará la paz mientras se está en guerra”, aseveró. “La deuda es muy clara”, dijo al comentar la negativa de la empresa transnacional.

Citó el artículo 1330 del Código Civil, según el cual «Basta con que un libro de comercio diga que uno es acreedor de ese comerciante para que no haya necesidad de tener un pagaré ni ningún otro documento escrito”.

El destacado jurista recordó que la Comisión de Bolsas y Valores reveló que en los libros de la Gulf and Western aparecía República Dominicana como acreedora de 38 millones de dólares con motivo de la especulación y afirmó que la actitud de la Gulf frente al Gobierno había sido “desafiante y lastimante” para la dignidad nacional. “En la medida en que la iniciativa de cobro sea seria, contundente e idónea, la Fuerza Nacional Progresista la respaldará, le dará un apoyo irrestricto”, agregó.

Conciliación y acuerdo

La Gulf and Western Industries transportó al país desde Nueva York al prominente jurista y político Cyrus Vance, especializado en derecho internacional y comercial y socio del bufete de abogados “Simpson, Thacher y Bartlett”, uno de los más famosos de Nueva York, para que convenciera al presidente Guzmán de la conveniencia de una salida amigable a la crisis agudizada en el mes de agosto por su diferendo con relación a la deuda de los $38.7 millones de dólares.

La presencia en el país de este influyente abogado estadounidense tuvo mucho que ver con la posición firme, serena e inflexible que adoptó el jefe de Estado en defensa del interés nacional, y vino como consultor de la empresa con un peso político y marcado prestigio mundial, tomando en cuenta que hasta hacía cuatro meses se había desempeñado como secretario de Estado de los Estados Unidos.

Vance fue jefe de la diplomacia estadounidense desde el 20 de enero de 1977 hasta abril de 1980 y se le recordaba en el país por su papel determinante en el desenlace pacífico de la crisis electoral dominicana de 1978. También por su presencia persuasiva en la juramentación del presidente Guzmán el 16 de agosto de 1978.

Asimismo, por haber sobresalido como hábil negociador de los tratados sobre el Canal de Panamá, firmados por el general Omar Torrijos y Jimmy Carter el 7 de septiembre de 1977; en el acuerdo sobre limitaciones de armas estratégicas, conocido como SALT II, firmado en Viena por Leonid Brézhnev y Carter en 1979; y los acuerdos de Camp David para preservar la paz en el Medio Oriente, firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menájem Beguín el 17 de septiembre de 1978, con la mediación del presidente de los Estados Unidos.

En su nueva visita a Santo Domingo, Vance ya no era funcionario del Gobierno de los Estados Unidos, dado que después de tres años en el cargo de secretario de Estado acababa de renunciar luego de que Carter autorizara -el jueves 24 de abril de 1980- una misión de rescate de rehenes estadounidenses en Irán que a su juicio estaba prácticamente condenada al fracaso.

El diálogo entre Vance y Guzmán fue determinante para modificar la confrontación de la Gulf and Western y se retornara a la mesa de negociaciones, llegándose a un acuerdo revelado por el jefe de Estado en su discurso por radio y televisión del 4 de septiembre de 1980, cuando dio por un hecho que la multinacional pagaría al país la deuda de los 38.7 millones de dólares.

El acuerdo establecía que la Gulf and Western pagaría la deuda en nueve años; es decir, $11.0 millones en los dos primeros años y 4.5 millones en los siete restantes, y con ese dinero se financiarían inversiones en la región Este por 89 millones de pesos en obras seleccionadas por el comité administrativo del denominado Fondo para el Desarrollo de la Región Este.

Ese comité estuvo integrado por el obispo de Higüey, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito (presidente); los subsecretarios de Obras Públicas y Finanzas, ingeniero Miguel E. Gil y licenciado Luis E. García, en representación del Gobierno, y los señores Gemid E. Miller y Lawrence E. Levinson, por la Gulf and Western.

Aunque para algunos críticos como el antiguo dirigente socialista Félix Servio Ducoudray Mansfield, la Gulf “impuso condiciones humillantes para la nación dominicana, y el Gobierno del presidente Guzmán, al aceptarlas, incurrió en una incalificable e irritante renuncia a la soberanía del Estado”, “por haber desistido del cobro de los intereses de la deuda”, el acuerdo fue saludado por los editoriales de los principales medios informativos.

Por ejemplo, el periódico matutino Listín Diario consideró en su editorial del viernes 5 de septiembre de 1980 que “es un buen acuerdo, y está siendo acogido con gran satisfacción pública”; mientras El Nacional expresó un día después que le complacía el arreglo “en que el Gobierno y el conglomerado del Este dieron término al conflicto surgido entre ambos con ocasión de los US$38.7 millones que el Estado dominicano reclamaba como deuda a la Gulf and Western Corporation”, al tiempo que ponderó las prendas personales del mandatario que actuó con sensatez, voluntad enérgica y calculada presencia de ánimo.

Cabe destacar la valoración hecha por el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, que calificó el acuerdo como “acción patriótica» y “éxito” del Gobierno, producto de la firmeza y patriotismo del presidente Guzmán; resaltando que con esa medida se limaban las asperezas que existían entre su partido y el Gobierno.

Finalmente, se debe decir que el sábado 27 de septiembre de 1980 la Gulf and Western neutralizó la prédica que abogaba por la confiscación de parte de sus tierras, al anunciar que cedería al Estado 30 mil tareas de tierra de muy buena calidad en la región Este, en el marco de la oferta de 100 mil tareas a la Reforma Agraria que le hiciera en 1978 al director del Instituto Agrario Dominicano, ingeniero Frank Rodríguez.