Cuando el PLD perdió las elecciones en el 2020, no entendió que la derrota, también poseía una carga de impugnación ética. Tantos años en el poder y su distanciamiento del acento transparente provocó en amplios sectores del país una modalidad de castigo y un beneficiario. La sanción democrática: la derrota. De ahí, unos resultados electorales que imponían un relato de honestidad en la nueva gestión y desaparecían toda referencia de honestidad que, por tantos años, enarboló la fuerza derrotada. El PRM no tenía otra opción que rescatar el sentido de decencia. Ahora bien, lo que adquiere categoría de trampa política consiste en que, los mecanismos activados desde la sociedad civil y los programas de investigación terminarían operando como instancia de observación y sanción ciudadana. Procurar la rendición de cuentas y el desempeño honesto no tiene vuelta atrás. Por eso, la batalla política se convirtió en ética. Y lo único que aspira la ciudadanía es que todos sean medidos con la misma vara.

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Aunque se torne invisible, existe una articulación que no tiene nada que ver con los deseos de adecentamiento. Por el contrario, es la trinchera capaz de obstruir carreras y dañar reputaciones como resultado de competencias partidarias. No estoy argumentando contra el auténtico interés de hacer las cosas correctamente. A lo que apelo es a no distorsionar la sed moralizante. Eso sí, avanzar de verdad porque en múltiples oportunidades uno siente que las instancias institucionales andan rezagadas debido a la velocidad del ojo periodístico, y desde allí, se activan los circuitos de persecución. En ocasiones, el marcado acento mediático no se traduce en una acción cercana a la verdad e inspirada en una sanción justa. Apelo al deseo de que los casos mostrados en los medios, sin importar la naturaleza partidaria del potencial imputado y/o investigado, exhiban la certeza del hecho cierto, y esquiven el vendaval de jueces instalados en la radio, televisión y las redes sociales, siempre dispuestos a construir un sentido del relato, impulsado por el dinero, tanto del funcionario o dirigente político, como de los financiadores instigadores del daño. La nación quiere un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Ahora bien, nunca la honestidad debería ser materia propagandística sino un verdadero compromiso de hacer las cosas correctamente. Por eso, el deslinde necesario entre la descalificación inspirada en liquidar al competidor y la sanción ejemplar a los esquilmadores del erario. Y en lo inmediato, el PLD perdió la batalla ética.

Ahora bien, si en el espectro partidario no se entiende, estaríamos validando excesos administrativos y confirmando la tesis de que nos estamos igualando.