El 31 de enero de 1960 marcó un antes y un después en la lucha contra la dictadura. Ese día, según nos dice Edgar Valenzuela en su libro Disputas de Trujillo con la Iglesia Católica, “en los púlpitos de todas las parroquias de la República Dominicana, los sacerdotes leyeron simultáneamente la Carta Pastoral, que sacudió los cimientos del régimen”. En efecto, la Iglesia católica emitió un documento, fechado el 25 de enero de ese año, en el que se denunciaba las injusticias y violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Gobierno trujillista.

Esta carta constituyó un verdadero desafío al poder establecido por parte de la jerarquía eclesiástica, ya que allí se condenó abiertamente la opresión y violencia que sufría el pueblo dominicano, y se instaba a evitar los excesos tal como puede apreciarse en los siguientes párrafos: “Hemos dirigido en el ejercicio de nuestro pastoral ministerio, una carta oficial a la más alta Autoridad del país, para que, en un plan de recíproca comprensión, se eviten excesos, que, en definitiva, sólo harían daño a quien los comete, y sean cuanto antes enjugadas tantas lágrimas, curadas tantas llagas y de vuelta a la paz a tantos hogares”. Y reiteraba lo siguiente: “seguro del buen resultado de esta intervención hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios que ninguno de los familiares de la Autoridad experimente jamás, en su existencia, los sufrimientos que afligen ahora a los corazones de tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de tantas esposas dominicanas”.

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Entre los firmantes de ese histórico documento, el cual representó una ruptura significativa con el silencio cómplice que caracterizó a la Iglesia hasta ese momento, figuran: Ricardo Pittini, arzobispo metropolitano primado de las Américas; Octavio A. Beras, arzobispo coadjutor de Santo Domingo; Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santiago de los caballeros; Francisco Panal, obispo de La Vega Real; Juan Félix Pepén, obispo de La Altagracia y Tomás F. Reilly, obispo titular de San Juan de la Maguana. No hay dudas de que, en su esencia, el contenido proporcionó un impulso moral y espiritual para la resistencia contra la tiranía, y un respaldo al proceso de lucha. Como lo señala el historiador Roberto Cassá “implícitamente, la jerarquía admitía como válida la participación en el 1J4 de una parte de su base”. La carta también implicó terribles repercusiones contra este sector, especialmente entre los militantes que se integraron al catorcismo por vía del colectivo Acción Clero Cultural.

Uno de los que se vio directamente afectado por la emisión de esta carta lo fue el sacerdote Daniel Cruz Inoa, a quien Rafael Valera Benítez señala en su libro “Complot develado”, como: “el principal dirigente de los seminaristas y estudiantes era un valiente sacerdote rural”. De acuerdo con su versión, «el padre Daniel Cruz Inoa, que fue detenido y encarcelado en los subterráneos del Palacio de la Policía Nacional. Luego se lo entregarían desnudo a monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito para concretar un ultraje y una irreverencia». Poco después, el sacerdote tomaría el camino del exilio cumpliendo así con las exigencias que impuso la dictadura para su liberación. Con peor suerte corrieron los seminaristas asesinados Mariano Rafael García Cepeda -Marien-, Oscar Taveras y Luis Ramón Peña -Papilin–, cuyos cuerpos siguen aún desaparecidos.

Sobre este último existen múltiples testimonios que reflejan su vocación religiosa y compromiso político. En la edición del 7 de marzo de 1962 del periódico El 1J4, se dice sobre Papilin que: “La cárcel no apagó su espíritu de lucha, desde dentro mantuvo contacto con los que habían quedado fuera. La fidelidad a sus ideales fue superior al peso de las repetidas torturas que soportó su humanidad. En los pasillos de La Victoria se conservan aún los ecos vespertinos de su oración, que no descuidó nunca, y su piedad fueron sus mayores virtudes, por eso fue tan valiente”. Con relación a su muerte, se sabe, siguiendo lo expresado por Valera Benítez, que esta respondió a su negativa de acusar a monseñor Juan Félix Pepén de participar en una conspiración contra Trujillo, ya que “con su negativa hizo fracasar el montaje de Abbes García. Por eso lo mataron. Emprendió así, deliberadamente, el camino de un sacrificio en circunstancias difíciles de imaginar, pero que yo conocí cabalmente”.

Este mártir catorcista pagó el precio más caro por su valentía y determinación en pro de una sociedad más justa y democrática. Su entrega nos muestra que la represión no discriminaba entre clases sociales ni oficios, aunque ciertamente el destino asignado por los esbirros del SIM podía variar según el estatus socioeconómico, ya que los sacerdotes y las personas de clase alta tuvieron más probabilidades de escapar a represalias severas o a la misma muerte, mientras que los más humildes sufrieron las peores consecuencias.

En ese sentido, debe entenderse el martirologio de los siguientes héroes que han caído en el anonimato, quienes padecieron la disparidad en el trato, básicamente por sus orígenes, subrayado en la condición de obreros, mecánicos y agricultores. Ellos fueron: Nicolás Santini Ortiz, Emilio A. Martínez Alfau, José C. Disla Ramírez, Francisco J. Molina, Alfredo Vásquez C., por mencionar algunos nombres. Otro factor diferencial fue la cuestión de género tal como analizaremos en la próxima entrega de esta serie, en la que abordaremos la destacada participación de las mujeres en el Movimiento Clandestino 1J4 y específicamente en las cárceles trujillistas.

Dr. Amaurys Pérez, Sociólogo e historiador UASD/PUCMM