República Dominicana y Haití comparten la isla de la Hispaniola, con igual acceso al mar y el mismo clima. Son dos países con casi la misma población que profesan mayoritariamente la religión cristiana. Si miramos la parte oriental de la isla vemos una República Dominicana con una renta per cápita de 20,736 dólares (paridad de poder adquisitivo de 2017), y niveles de pobreza monetaria general y extrema de 23% y 3.2%, respectivamente; y donde la población puede desarrollar sus actividades con relativo nivel de seguridad.
Al Oeste, en Haití, la situación es muy diferente. La renta per cápita es ocho veces inferior (2,592 dólares) que la de su vecino; los niveles de pobreza monetaria general y extrema alcanzan 58,6% y 24,7%, respectivamente; y la población vive sumida en la inseguridad total.
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La respuesta al porqué de esta diferencia está, en gran medida, en que en República Dominicana se cuenta con instituciones relativamente sólidas e inclusivas, con todos y sus defectos; mientras que Haití es un verdadero caos institucional.
Este ejemplo ayuda a entender las tesis sustentadas por los ganadores del premio Nobel de Economía, correspondiente a 2024, los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, en el sentido de que el destino de un país no está predeterminado del todo por la geografía o la cultura sino por políticas dictaminadas por las instituciones de cada país.
En “Por qué fracasan los países”, libro escrito en 2012, Acemogluy y Robinson sostienen que “la prosperidad no se debe al clima, a la geografía o la cultura, sino a políticas dictaminadas por las instituciones de cada país. Debido a ello, los países no conseguirán que sus economías crezcan hasta que no dispongan de instituciones gubernamentales que desarrollen políticas acertadas”. Según los autores, el desarrollo no es simplemente una cuestión de recursos, sino que está profundamente ligado a la calidad de las instituciones que rigen la vida política y económica de una nación.
Acemoglu, Jonhson y Robinson distinguen entre dos tipos de instituciones: inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven la participación de la mayoría de la población en la economía y la política. Se caracterizan por garantizar derechos de propiedad, ofrecer oportunidades equitativas y fomentar la innovación. Un entorno institucional inclusivo crea incentivos para que los individuos inviertan en su educación, negocios e infraestructura, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico sostenible.
Por su parte, las instituciones extractivas se caracterizan por concentrar el poder y los recursos en manos de una élite reducida, limitando la participación de la mayoría de la población y sofocando la innovación y la inversión. Las élites buscan mantener su poder y riqueza a expensas del resto de la sociedad, lo que conduce a un estancamiento económico y a la pobreza. En nuestra región hay varios ejemplos de estas instituciones.
Según los autores, lograr un desarrollo económico sostenible pasa por transformar las instituciones extractivas en inclusivas lo que requiere cambios profundos en la estructura de poder y la política, así como una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Ya en 1993, Douglas North, junto a Robert Fogel, recibió el premio Nobel por su aporte a evidenciar el rol de las instituciones (las normas y convenciones de una sociedad, como las leyes, derechos de propiedad, los seguros, la política y las costumbres) en el largo plazo del desarrollo económico.
El enfoque de North se orienta en una dirección diferente a la Acemoglu, Robinson y Jonhson. North define las instituciones como las reglas del juego en una sociedad, que incluyen tanto las reglas formales (leyes y regulaciones) como las informales (normas y costumbres). Según North, estas reglas determinan cómo se organizan las interacciones económicas y sociales.
Ambas perspectivas, la de Acemoglu, Jonhson y Robinson, y la de North pueden asumirse como complementarias, pero su enfoque y énfasis varían significativamente.
Acemoglu, Jonhson y Robinson ofrecen un análisis más detallado que relaciona directamente el tipo de instituciones con el desarrollo económico, enfatizando la importancia del poder político y la estructura social.
Sus enfoques ayudan a bien apreciar el mayor desarrollo relativo logrado en este lado de la isla compartida, y a entender y comprender mejor la diferencia con respecto al otro lado. La construcción institucional es un determinante.