Imágenes de helicópteros sobrevolando barrios populares, un extenso despliegue del ejército nacional, interminables celdas movibles de Migración circulando por la autopista, campamentos militares, policías altamente armados persiguiendo y deteniendo a mujeres, hombres y niños…, ha sido el espectáculo escenificado estas últimas semanas por el Estado en el municipio de Verón-Punta Cana. Para legitimar esta militarización sin precedentes y supuesta a resolver el “problema” de la inmigración haitiana, funcionarios, políticos de oposición, grupos paramilitares e “influencers” hablaron de un problema de “inseguridad” en Friusa y Mata Mosquito que ni siquiera sus habitantes viven. Múltiples testimonios de residentes dominicanos y responsables políticos en estas localidades desmintieron estos mitos, destacando que se trata de una comunidad trabajadora, sin problema alguno, la cual se encuentra sometida a vivir bajo la subsistencia en medio de la obscena opulencia de la región turística.

Puede leer: La peña del Palacio de la Esquizofrenia

¿Será que Friusa y Mata Mosquito son ejemplos de la vida en comunidad dominico-haitiana, tan impensable como insoportable para el Estado que hoy busca erradicar esta convivencia manu militari?¿Será que Friusa y Mata Mosquito son testimonios de comunidades dejadas al abandono por un Estado que, en lugar de disminuir, ha contribuido al crecimiento de la espantosa distribución desigual de riquezas, y que hoy el espectáculo de “salvaguardar la nación” busca disimular?

El gobierno optó por utilizar el antihaitianismo para llevar a cabo su guerra contra los pobres. Y los efectos de esta política de odio y violencia se asientan cada día en la sociedad. Pero ¿qué se esconde detrás de este resentimiento que arruina el derecho y la dignidad de la vida? Y, sobre todo: ¿qué nos dice este abominable régimen, del autoritarismo que nos gobierna?

La violencia de Estado

No se puede comprender las causas que han generado tanta pulsión anti-haitiana en la sociedad sin explicar la violencia del Estado que la ha producido. Son décadas de recrudecimiento de la criminalización y persecución de esta población inmigrante y su descendencia dominicana, representadas como aquellas quienes roban “nuestros empleos”, tienen en crisis “nuestras escuelas y hospitales”, se aprovechan de las ayudas sociales, amenazan “nuestra cultura” y ponen en riesgo la “seguridad” en el país.

El Estado neoliberal vive de la explotación sin límites de esa comunidad inmigrante. La no regularización de su estatus jurídico y la desnacionalización masiva y retroactiva de sus hijos dominicanos responden a intereses económicos que dominan el campo del poder y requieren de una mano de obra barata, estigmatizada y maltratada para obtener el mayor beneficio. Privados de documentos de identidad, estas poblaciones se encuentran desposeídas de toda protección y sometidas a las prácticas arbitrarias del mercado neoliberal. De ahí que el espectáculo de las políticas de deportación no busque tanto erradicar la “ilegalidad” que el Estado mismo ha creado. Se trata más bien de producir y mantener una mano de obra indocumentada, precarizada, sumisa por miedo, pues expulsable en cualquier momento, y aislada de toda existencia y amparo social.

A este régimen de muerte social se añade una maquinaria autoritaria, característica de lo que el sociólogo Eric Fassin llama “el momento neofascista del neoliberalismo”. Desde las altas instancias se promueve el racismo y se asienta el menosprecio del Estado de derecho. Su manifestación más tajante es el conjunto de medidas anunciadas el pasado 6 de abril por el presidente Abinader. Ya no solo la mano policial y penal del Estado priva de protección y castiga a los inmigrantes de origen haitiano. Ahora es el conjunto de instituciones estatales que se encuentran implicadas en negarles la vida social.

El Estado, originalmente creado en la modernidad política occidental para proteger a sus sujetos, no solo se ausenta sino que promueve la violencia de sus instituciones, otorgando la legitimidad populista para la materialización de la injusticia. Ya durante la pandemia el gobierno pretendió excluir a “indocumentados (haitianos)” de los programas de ayuda social y de vacunación. A partir del anuncio presidencial, un dispositivo con mil requisitos y presencia policial en los centros de atención médica condicionarán el derecho universal a la salud a esta población. Es un Estado que deja a gobernadores “hacer la ley”, y persigue hoy a toda persona que alquile casas a inmigrantes “indocumentados”. Es un Estado que protege a una clase empresarial ante condiciones ilegales de vida y de trabajo, mantiene a los braceros haitianos y a muchos dominicanos privados de sus miserables pensiones cotizadas durante toda una vida, y prohíbe todo tipo de manifestación que suene haitiano, “porque hay que preservar los espacios sagrados”. Es un Estado que propicia la barbarie de grupúsculos fascistas que llaman públicamente al crimen o actúan en toda impunidad, y a su vez reprime toda acción de justicia clamada por inmigrantes.

Este régimen de excepción hacia los inmigrantes haitianos deja entrever la institucionalización del autoritarismo del Estado dominicano y nos anticipa lo que el Gobierno es capaz de hacer. Y lo peor: ese menosprecio por el Estado de derecho, la promoción del racismo y la apología de la violencia dejan innegables rastros dentro de la población, que puede convertirse en ejecutora de agresiones a la comunidad estigmatizada y perseguida.

El estado de violencia

La exacerbación político-mediática de antagonismos entre comunidades haitianas (o de origen haitiano) y dominicanas, así como la criminalización hacia las primeras, terminan generando tensiones entre los estratos más desheredados de la población.

Este mecanismo de odio y explotación se normaliza y reproduce al encontrar cierto eco en la historia de la que somos herederos. Ante el desempleo, la reproducción social y la inseguridad económica rampantes, las clases populares dominicanas no solo se encuentran habitadas por el temor de perder un frágil estatus económico. Ante los fantasmas xenófobos existentes, se encuentran también atemorizadas de perder el único estatus estable que acompaña sus vidas precarias: la nacionalidad. De ahí que parte de la importancia en el existir de esta población “nacional” dependa del rechazo al más pequeño, es decir el “haitiano”, del cual todo se vale para distanciarse de él. El rechazo de dominicanos hacia los inmigrantes se explica como un proceso permanente de diferenciación/distanciación. Esto nada tiene que ver con un racismo que viene “del pueblo”. Son los discursos y prácticas históricas de las elites que crean los sentimientos y prácticas anti-inmigrantes en la sociedad. Son las condiciones sociales de miseria y desesperación de los de “abajo” que explican el desarrollo de esa búsqueda incesante del otro como una causa de sus calamidades.

Mediante la producción y promoción del racismo, el propósito del Estado es gobernar la pobreza. El Estado sabe muy bien que la efervescencia “nacionalista” no es una protesta contra el desempleo o la precarización laboral, el hambre o la carencia alimentaria, la incertidumbre de la salud o la ineficiencia educativa, la falta de techo, los apagones, o la falta de confianza que tanto habitan hoy en los dominicanos. El objetivo esencial del Estado en su política anti-inmigrante es disimular su responsabilidad en la miseria social y económica que se vive en el país, constituyendo tensiones entre quienes sufren de este abandono de Estado contra quienes son por demás deshumanizados, explotados y perseguidos por el mismo Estado.

Hijos de la desigualdad, haitianos y dominicanos negros y pobres, conviven día a día la abdicación del Estado social y su intervencionismo punitivo, subsistiendo mutuamente los embates de la República de la injusticia. Algunas veces combaten conjuntamente la violencia de las arbitrarias deportaciones, en otras se encuentran lado a lado buscando un mejor porvenir cuando comparten viajes en yola hacia Puerto Rico.

La explotación de la miseria y del sufrimiento hacia un grupo social tan vulnerable como los inmigrantes de origen haitiano, como medio para asentarse en el poder, es la forma más abyecta de una inhumanidad de la cual el Estado dominicano es hoy vanguardia internacional.