El Consejo de Seguridad de la ONU llamó este viernes a todos los países a impedir el suministro de armas a bandas criminales en Haití, donde se vive una importante escalada de la violencia que está agravando la crisis humanitaria, según Naciones Unidas.
Los quince países aprobaron por unanimidad una resolución que extiende por un año el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), un órgano que da apoyo a las instituciones haitianas y que se estableció tras la retirada de las fuerzas de paz del país.
En el texto, el Consejo de Seguridad aborda varias de las cuestiones más acuciantes para Haití, que está en medio de una grave crisis económica, humanitaria y de violencia.
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Así, la resolución “llama a los Estados miembros a prohibir el suministro de armas pequeñas, ligeras y munición a actores no estatales que participan o apoyan la violencia de las pandillas, actividades criminales o abusos de los derechos humanos».
Además, pide que se trabaje para impedir el flujo ilícito de armamento con un mayor intercambio de información y combatiendo a los traficantes.
Algunos países del Consejo, principalmente China, reclamaban medidas más contundentes como un embargo de armas para estos grupos, aunque Pekín se declaró hoy satisfecho con los compromisos alcanzados finalmente y respaldó la resolución.
La delegación china había pedido además sanciones contra individuos implicados en la violencia y crear una fuerza policial internacional para ayudar a estabilizar la situación.
El texto aprobado, mientras, no llega tan lejos y se limita a amenazar con esas sanciones y a pedir al secretario general de la ONU, António Guterres, que discuta con el Gobierno haitiano y otros países posibles fórmulas para dar apoyo externo a las autoridades en su lucha contra las pandillas.
La crisis de seguridad en Haití se ha agravado desde que en abril dos de las principales bandas armadas del país iniciaron una guerra por el control de varias barriadas en el norte de la capital, Puerto Príncipe, lo que ha dejado centenares de muertos y ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares.
La situación en el país, que ya era muy complicada, no ha hecho más que empeorar desde que hace un año fue asesinado el presidente Jovenel Moise, un magnicidio que aún está pendiente de resolverse ante la Justicia.
Según la ONU, la violencia de las pandillas está agravando una crisis humanitaria en la que unos 4,5 millones de personas, casi la mitad de la población, están pasando hambre.
Las bandas y grupos de delincuencia callejera se han adueñado de las principales carreteras de la capital, lo que impide acceder a los mercados, a los servicios básicos y a la ayuda humanitaria a más de 3,8 millones de personas que viven en el sur del país, según han denunciado agencias de Naciones Unidas.
Esta escalada de violencia presenta además graves obstáculos para las operaciones de asistencia humanitaria, de las que depende gran parte de la población haitiana, avisa la ONU.
El deterioro de la seguridad, la crisis económica y la inseguridad alimentaria han provocado también que muchos haitianos abandonen el país a la desesperada.