El aspirante presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró injustificada, incongruente y abusiva la nueva disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA), que elevaría de un 3 a un 20 por ciento el impuesto a los teléfonos celulares, en adición carga impositiva que afecta ese servicio.
Al reclamar que esa medida no se haga efectiva, Abinader aseguró que el nuevo impuesto afecta a la clase media y a los sectores más pobres del país, y entra en contradicción con la anunciada estrategia del Gobierno de reducir la brecha digital y modernizar la educación dominicana.
Indicó que al subir el impuesto del 3 al 20 por ciento, la disposición aduanal representa un alza efectiva de un 666 por ciento, lo que se suma a la ya desmedida carga fiscal superior al 30 por ciento que ya afecta los servicios de telecomunicaciones en el país.
Resaltó que al encarecer los aparatos de telefonía portátil, el Gobierno provocará como daño colateral un incremento del robo de esos aparatos, «preferidos de los delincuentes que se han adueñado de las calles en las principales disuades del país».
Inscripciones. El dirigente político habló sobre el tema luego de visitar en el sector de Villa Juana una de las estafetas de inscripción en el PRM que promueve su corriente Luis Abinader Presidente.
Expresó su satisfacción por la cantidad de ciudadanos que abarrotaban el centro y agregó que ese flujo se corresponde con el fervor que se observa en todo el país con la necesidad de un cambio del modelo de gobierno peledeísta.
También sostuvo un encuentro «Escuchando a la Gente» con representantes comunitarios de la zona en el local de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical.
Abinader respaldó la posición fijada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través de su secretaría nacional técnica y de políticas Públicas, que rechazó la medida por entender que aumentaría la brecha digital y la desigualdad social y económica en el país.
Validó la observación del órgano técnico del PRM de que el nuevo gravamen convertiría a República Dominicana en el país con la carga fiscal más elevada de la región, mientras que en países como Panamá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Perú mantienen una tasa cero para incentivar la innovación, la competencia y eliminar la brecha digital.
Coincidió también con otras instituciones vinculadas al mundo digital que han denunciado la medida por tener un impacto negativo en la población y porque terminaría impidiendo el acceso a la información, a los servicios públicos, a la educación, y otros derechos establecidos en la Constitución.