Tanto el Gobierno como las instituciones privadas vinculadas al sector cultural deben continuar procurando la protección y preservación de nuestros bienes de interés cultural.

Por: MIRFAK ROWLAND

La República Dominicana es una cantera patrimonial de primer orden, no solo del continente americano, sino de todo el mundo. Solo por el hecho de albergar la primera ciudad europea en América se le confiere gran mérito, ya que aquí se conservan importantes bienes que conforman nuestro patrimonio material y que trascienden por su valor histórico, cuyos antecedentes datan de la época precolombina.
En nuestro territorio abundan las edificaciones coloniales, monumentos, hallazgos submarinos, lugares arqueológicos, sitios históricos y piezas de dicha época que nos retratan aspectos vinculados al encuentro de tres civilizaciones: la taína, la europea y la africana. También encontramos ruinas y enterramientos, conjuntos urbanos, tarjas conmemorativas y fuertes, entre otros.

Por este motivo, es deber de los dominicanos, sobre todo del Gobierno, velar por la preservación de este legado. La Ley núm. 318 sobre el Patrimonio Cultural de la Nación establece que “el Estado dominicano ejercerá la salvaguarda de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación”, lo que implica “su previa identificación, descripción y delimitación” (art. 6 y 7).

En ese sentido, la ley regula aspectos relativos a la manipulación que se realiza de dichos bienes, con el fin de garantizar su preservación, ya que estos conforman la memoria histórica y cultural del país. En su artículo 10, establece que estos solo pueden ser llevados fuera del territorio dominicano por un tiempo limitado y para fines de exhibición, clasificación o estudio, y esto, para ser posible, debe contar con el permiso de las autoridades estatales.

Asimismo, en su artículo 12, prohíbe las excavaciones en busca de minas u objetos arqueológicos en cualquier parte del territorio nacional, salvo las autorizadas “para fines de investigaciones arqueológicas a las Universidades del país, a los museos nacionales o municipales reconocidos en el país, o a los organismos e instituciones nacionales o extranjeras de carácter científico, así como a personas físicas calificadas que, a juicio de los indicados organismos, sean acreedores de esa autorización”.

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado en 2011 por el Consejo Nacional de Cultura, establece que “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que procure realizar investigaciones arqueológicas en propiedades públicas o privadas, deberá presentar un proyecto para contar con la debida autorización de las instituciones del Ministerio de Cultura, responsables del patrimonio correspondiente (Museo del Hombre Dominicano —ámbito prehispánico—, Dirección Nacional de Patrimonio Monumental —ámbito colonial—, Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático —ámbito subacuático), ratificado por la Comisión Consultiva de Arqueología”.

Tanto el Gobierno como las instituciones privadas ligadas al sector cultural deben continuar procurando la protección y salvaguarda de los bienes patrimoniales del país, con el interés de que los mismos puedan ser de testimonio, no solo para las presentes generaciones, sino también para las futuras.

Para estos fines, es pertinente continuar avanzando en la puesta en marcha de iniciativas que conduzcan a la restauración, rehabilitación y remozamiento de las edificaciones y monumentos de gran valor cultural. Asimismo, es necesario continuar elaborando leyes que coadyuven a la implementación de políticas públicas dirigidas la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales.

Ello se fundamenta en el entendido de que el comercio ilícito de bienes culturales, a lo largo del tiempo, representa una amenaza para la República Dominicana, dado su vasto patrimonio de gran valor.
Tanto es así, que motivó al Consejo Internacional de Museos (ICOM) a elaborar la Lista Roja de bienes culturales dominicanos en peligro, en cooperación con expertos nacionales y extranjeros. Cabe señalar que, en su lucha en contra de este flagelo, el ICOM colabora igualmente con instituciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Organización Mundial de Aduanas.

Dicho documento contiene una lista extensa de las piezas que son consideradas las más vulnerables al tráfico ilícito. Entre estas, figuran potizas, vasos efigie, caritas de indios, platos, ollas, cucharas de piedra, cerámica y terracota; mesas y taburetes con respaldo (duhos) decorados y tallados con formas humanas y/o animales, y vajillas de metal trabajado (cobre, bronce, peltre, plata, oro), vidrio, cerámica, cerámica vidriada o porcelana decoradas con formas geométricas o vegetales, paisajes y/o pan de oro, entre otras imágenes.

Otras piezas mencionadas en la Lista Roja son maletas de cuero, cofres tallados en hueso, cofres y cajas de latón, decoraciones en hierro, joyeros de metal (cobre, bronce, plata, oro), dados, peines, y mobiliario de madera tallada (con o sin figuras geométricas, vegetales y/o animales en relieve), por tan solo citar algunas.

Antecedentes

La historia reciente nos presenta casos en los que se ponen en evidencia los riesgos latentes en materia de comercio ilegal del patrimonio cultural local. En marzo de 2022, 7 países, entre los que se encontraba República Dominicana, denunciaron una subasta de bienes precolombinos que se celebró en París, por considerar que la misma fomentaba “el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y el blanqueo de bienes”.

Las naciones que también se unieron a este reclamo fueron Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú, las cuales manifestaron su rotunda oposición a la realización de la venta de la colección Evrard de Rouvre y Van den Broek d’Obrenan, a cargo de la casa ADER.

Ese mismo año, en octubre, RD celebró el retorno de 21 piezas de su patrimonio cultural enviadas de manera ilegal al territorio norteamericano. Las mismas fueron incautadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la denominada operación Miller.

Dos meses más tarde, dichos bienes fueron entregados al Ministerio de Cultura dominicano por parte de la embajada de los Estados Unidos. Las mismas fueron adquiridas durante dos años por Don Miller y formaban parte de una colección privada de más de 7,000 objetos de diversas culturas del mundo. El FBI calificó la acción como “la mayor redada efectuada contra delitos de arte en la historia de la institución”.