El expresidente de la República, Leonel Fernández, reiteró hoy que el procurador adjunto al frente de la PEPCA puede ser designado por el Consejo del Ministerio Público y para eso “no hay que modificar la Constitución”.

“Podemos hacer que el procurador adjunto de corrupción sea designado por el Consejo del Ministerio Público. No hay que modificar la Constitución para eso”, dijo Fernández.

“Hay un mecanismo legal institucional para eso. Lo que interesa es la corrupción, pues vamos a nombrar al procurador adjunto de corrupción que es el que va desempeñar la función investigativa y de acusación; que no lo nombre el presidente y no tenemos que cambiar la Constitución”, indicó.

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Al participar en el almuerzo del “Grupo de Comunicaciones Corripio”, Leonel Fernández afirmó que con las reformas realizadas durante sus gobiernos, el Ministerio Público ha adquirido mayores funciones.

“Le hemos dado más función al Ministerio Público (…) El Ministerio Público estaba relegado solo hacer la acusación, ahora con la reforma del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica, el Ministerio Público participa de la investigación; es quien trata la política criminal, antes estaban recluidos a la acusación”, refirió.

Escogencia

El también presidente del Partido Fuerza del Pueblo, manifestó que los miembros del Ministerio Público van ascendiendo por méritos no por designación del presidente.

“Para usted acceder al Ministerio Público tiene primero que ser un egresado de la Escuela del Ministerio Público. Cuando logra la licenciatura de la escuela entonces usted compite para entrar como fiscalizador”, expresó Fernández.

“Y el Consejo del Ministerio Público va evaluando el desempeño de los distintos miembros y los va ascendiendo por méritos. Como fiscalizador llega a fiscal, luego a procurador de corte y en base al mérito se escogen procuradores adjuntos por parte del consejo no el presidente de la República”, puntualizó.

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Leonel Fernández detalló las leyes aprobadas durante sus gestiones y que hoy son la garantía de la transparencia y la persecución de la corrupción administrativa.