Hoy 
Al tiempo que una atormentante mora judicial o severa lentitud de los procedimientos judiciales tienen superpobladas de presos preventivos a las cárceles dominicanas (hacinamientos deshumanizantes y dedenegación de trato justo), la asignación presupuestaria que corresponde al Poder Judicial ha estado recortada año por año, gobierno tras gobierno; considerables partidas menos desde el 2005. Severo recorte de medios necesarios no solo para que los recintos penitenciarios superen sus perfiles medievales; también para que el sistema de aplicación de procesos disponga como corresponde de infraestructuras físicas, equipamientos, tecnologías y el apropiado número de jueces, fiscales, personal administrativo y personal operativo; además de remunerados con arreglo a la dignidad de sus funciones y a sus compromisos éticos. Con ese fin se legisló para dar vigencia a la ley 194-04 aunque de inmediato la voluntad política y pluripartidista de la nación la puso en menoscabo, pues el espectro completo de partidos le ha negado plenitud al pasar por el poder. Ipso facto se volvió ficción el ideal de que la magistratura dominicana (cortes y Ministerio Público) quedará institucionalmente fortalecida con autonomía y funcionalidad financiera.
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En vez de crearle capacidad para salir de precariedades que reducen la eficiencia y vastedad al área judicial, lo que existe es una acumulada deuda con la sociedad por insólitos retrasos en dotarla de sedes apropiadas, funcionales y espaciosas para sus oficiantes y los ciudadanos que en distintas medidas y por diferentes motivos, requieren adecuada y, sobre todo, puntual administración de justicia. La Procuraduría General de la República, desafiada como nunca antes a agilizar procesos dirigidos a la dilucidación de expedientes por corrupción y así combatir la impunidad, debió recibir en dos decenios, según el monto de los ingresos internos de los períodos y de acuerdo a la ley, RD$130,756.2 millonesy solo obtuvo RD$105,754.2 millones. Hacia los tribunales debieron ser dirigidos RD$242,832.9 millones y solo les fueron asignados RD$122,125.3 millones, con lo que para juzgar y resolver conflictos sobre bases legales carecieron de más de RD$120,707.6 millones de pesos.
