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Maíz transgénico (Fuente externa).
En diciembre de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decreto para prohibir de manera gradual el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del maíz genéticamente modificado y el glifosato en México.
El maíz es el principal cultivo producido en el país. Tan solo en 2021, el campo mexicano produjo 22.004.274,15 toneladas de maíz de grano y otras 16.801.731,4 de maíz forrajero verde, concentrando, en conjunto, el 41% de la producción agrícola nacional durante el año.
El decreto presidencial aboga por conservar y proteger las tradiciones agrícolas de México. «Sí al maíz transgénico, no a los agrotóxico«, dice la Secretaria del Medio Ambiente, a favor de una comunidad en la que el 60% de los productores de maíz son de pequeña escala, según cifras de la Secretaria de Agricultura.
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Para un país cuya gastronomía le da un valor esencial al maíz, la regulación del presidente –que deberá ser total en 2024– ha generado polémica, despertando a voces que apoyan la decisión y otras que la reprueban.
Los argumentos a favor
La disposición propuesta por López Obrador señala que al prohibir el maíz transgénico y el glifosato se protege la producción agrícola «sostenible y culturalmente adecuada», y se fomentan prácticas e insumos «seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente».
Diversas investigaciones encuentran que el glifosato, sustancia a la que el maíz transgénico está asociado, afecta la salud del ser humano, además del medio ambiente.
Un estudio publicado en enero de 2022 por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, por ejemplo, reveló que el glifosato y otras sustancias tóxicas, afectan seriamente la microbiota de insectos y animales, además de reducir el número de microbios necesarios en suelos y el medio ambiente.
Otro descubrimiento de la Universidad de Turku, en Finlandia, encontró que los residuos dejados por el glifosato en el suelo alteran las fitohormonas de las plantas, lo que impacta en la resiliencia de los cultivos, en la salud de la tierra y en la biodiversidad de insectos alrededor.
También se ha demostrado que la salud del ser humano se ve afectada con sustancias como pesticidas y herbicidas, a tal grado que en marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al glifosato como una producto «probablemente cancerígeno para los humanos», con base en evidencia encontrada en experimentos en animales.
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Además, de acuerdo con la organización ‘Sin maíz, no hay país’, existen múltiples evidencias que demuestran que «los maíces transgénicos no tienen mayores rendimientos que los maíces híbridos, que no se utiliza menos agua para su cultivo y que en cambio sí se utiliza mayor cantidad de fertilizantes y lo que es grave, de agrotóxicos como el glifosato».
Ante la decisión presidencia de eliminar la dependencia a sustancias agrotóxicas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha apoyado 62 proyectos de origen mexicano, los cuales ya han identificado 22 bioinsumos con potencial para ser bioherbicidas. Lo que buscan las autoridades es que el país cuente con sustitutos para el glifosato y el maíz transgénico antes de 2024.
Las voces en contra
El 26 de septiembre, la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz de EE.UU. urgió a la Casa Blanca a iniciar un procedimiento de resolución de disputas bajo el tratado de libre comercio entre Canadá, EE.UU. y México (T-MEC), por las restricciones de la nación latinoamericana contra el glifosato y el maíz genéticamente modificado.
De acuerdo con la organización, México ha decidido limitar el comercio de estos dos productos sin ninguna base científica, afectando la economía de los productores estadounidenses.
En 2020, según los datos más recientes publicados por la Secretaría de Economía, el maíz amarillo fue el décimo primer producto más importado por México, por un valor de 2.841.627 miles de dólares. Cabe señalar que el 92,7% de esas importaciones provinieron de EE.UU.
Un estudio publicado el 3 de octubre por el Consejo Nacional Agropecuario de México señala que con el decreto, la economía de EE.UU. perdería 73.890 millones de dólares en producción en un plazo de 10 años, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contraería 30.550 millones.
Para México, la restricción supondría la caída de su PIB por 11.720 millones de dólares en 10 años y la pérdida en la producción económica por 19.390 millones, además de que 56.958 puestos de trabajo estarían en peligro año con año.
El retroceso jurídico
En julio de 2022, un juez de la Ciudad de México concedió un amparo a la empresa Monsanto contra el decreto emitido por el presidente.
«Con argumentos engañosos, Monsanto busca desconocer el principio precautorio» establecido en la Constitución mexicana, criticó la Secretaría de Medio Ambiente en un comunicado publicado el 15 de julio de 2022.
El principio precautorio fue establecido en la ‘Declaración de Río’ de las Naciones Unidas en 1992, de la cual México es signatario. El enfoque señala que un país podrá adoptar una decisión política basándose en los posibles impactos negativos que una practica pueda tener sobre el medio ambiente.
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En México la ‘Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados’ de 2005 permite el uso de semillas transgénicas y herbicidas, incluidos el glifosato y el maíz, siempre y cuando pasen las pruebas de salubridad y seguridad necesarias. Por ello, el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, determinó que no se viola el principio de precaución, ya que la legislación protege al campo, productores y consumidores de sustancias nocivas.
