La Iglesia católica venezolana exigió este jueves cesar la «represión» a las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, y condenó la creciente violencia que deja 43 muertos en siete semanas de manifestaciones.

«Rechazamos la violencia y la represión desproporcionada. Compartimos el profundo dolor de las familias que han perdido a seres queridos», dijo en rueda de prensa monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente por las muertes y cientos de heridos que dejan las movilizaciones en reclamo de elecciones generales.

Los obispos aceptaron reunirse el viernes en la sede de la CEV con el ministro de Educación, Elías Jaua, quien encabeza una comisión presidencial que promueve una Asamblea Constituyente «popular» convocada por Maduro el 1 de mayo.

El gobierno venía denunciando que los prelados se negaban a entrevistarse con Jaua, quien se plantea explicarles los alcances de la Constituyente, pese a que la CEV la rechaza de antemano.

Maduro y otros altos funcionarios acusan a la jerarquía católica venezolana de actuar como «un partido político opositor».

El mandatario propone que al menos la mitad de los 500 asambleístas sean elegidos por sectores en los que el chavismo tiene amplio control, lo que sus críticos consideran como «una maniobra» para burlar el voto universal.

La CEV también llamó a restablecer un diálogo en el cual el papa Francisco se mostró dispuesto a mediar, pero recordó que el pontífice pidió «condiciones claras».

«Que el diálogo no se convierta en una simple conversación de compadres», expresó Padrón, quien denunció una «tergiversación y manipulación» de actores políticos a «las palabras del Santo Padre».

Maduro asegura que la CEV se niega a acatar el pedido papal.

Un diálogo emprendido el año pasado, con acompañamiento del Vaticano y una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), quedó bloqueado luego de que la oposición se retirara alegando que el gobierno incumplió acuerdos para el establecimiento de un calendario electoral y la liberación de opositores presos, entre otros puntos.

El gobierno, en tanto, acusa a sus adversarios de falta de voluntad y de cambiar las reglas al exigir unas elecciones generales para anticipar la salida de Maduro, elegido hasta enero de 2019.