Para Tony Raful, tras el asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz se instaló en la sociedad dominicana un sentimiento de “condena al trujillismo que, junto a los diversos factores de lucha, elevó a grados insospechados la conciencia nacional de resistencia”. Los esposos de Minerva, María Teresa y Patria, Manolo Tavárez, Leandro Guzmán y Pedro González, entre otros compañeros del 1J4, permanecían en las cárceles de la dictadura, mientras se redefinía el panorama político. Presagiando la caída del tirano, los norteamericanos presionaban a Trujillo por vía de sanciones económicas y políticas, instauradas a raíz del frustrado atentado perpetrado por los aparatos trujillistas contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt.

Ciertamente, estas sanciones tenían un efecto limitado, tal como lo dio a conocer el periódico The New York Times, cuyo editorial cuestionó el ambiguo papel de Washington después del voto emitido en la conferencia de San José, pues por un lado condenaba al régimen dominicano mientras por el otro “aumentaba grandemente su cuota azucarera”. Para comprender esa situación, se deben tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el contexto histórico marcado por la ruptura de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con el Gobierno de Fidel Castro en Cuba. En segundo lugar, estaba la política internacional estadounidense, siempre muy vinculada a sus intereses económicos.

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Para comprender esta contradicción entre el discurso y la práctica, el historiador Roberto Cassá subraya la importancia que los norteamericanos le asignaron al proceso revolucionario cubano, tomando en cuenta que “para 1959, ya en Estados Unidos había ganado peso la tesis de que convenía la salida del dictador dominicano como medida preventiva, pero fue con el ascenso de Kennedy que se emplearon las resoluciones prácticas, como correlato de la urgencia de preparar el terreno para una ofensiva militar y diplomática contra Cuba”. En ese sentido, tal como se recoge en una nota de prensa publicada en la primera plana del periódico El Caribe, del 14 de marzo de 1961, el presidente Kennedy esbozó su política hacia América Latina, diseñando un plan antisubversivo denominado “Alianza para el Progreso”, en el que se establecía que “la libertad política debe acompañar el progreso material. Nuestra Alianza para el Progreso es una alianza de Gobiernos libres y debe eliminar la tiranía en un hemisferio en que la tiranía no tiene lugar alguno que ocupar”. El mandatario norteamericano dirigió ese mensaje hacia los Gobiernos de República Dominicana y Cuba, con la esperanza de que ambas naciones se vincularan, según su criterio, “a la sociedad de hombres libres uniéndose en el esfuerzo común”.

Los efectos de esa política se harán sentir en República Dominicana con posterioridad. En aquellos primeros meses de 1961, se fortaleció la represión de los partidarios del régimen trujillista que en abril atacaron con turbas de paleros las casas curiales de los obispos Tomás Reilly, en San Juan de la Maguana, y Francisco Panal, en La Vega, provocando importantes destrozos al mobiliario de ambas residencias. En El Caribe del 15 de abril de 1961 se aprecia una información que destaca que en “una manifestación pública celebrada en La Vega, personalidades del ámbito político social y empresarial y femenino de esa comunidad pidieron desde la tribuna la expulsión del país de los obispos Tomás Reilly y Francisco Panal”. A fin de recabar apoyo, y como si de una despedida se tratara, desde el mes de marzo Trujillo emprendió varios recorridos por el país, que le permitieron recibir “testimonios de gratitud” en provincias como La Vega, Salcedo, Duarte, Baoruco, Independencia, entre otras. Del 11 al 21 de mayo, se programó un amplio recorrido por el Sur y Norte del país a fin de que los pobladores de Puerto Plata, Valverde, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piña desfilaran por ante su presencia.

En esos últimos esfuerzos de la tiranía por contener las ansias de libertad del pueblo dominicano, se promulgó “la Ley del 1818, que extiende los beneficios del indulto que contiene la Ley del 17 de septiembre de 1960 a todas las personas que se han hecho reo con posterioridad a esta última de crímenes y delitos contra la seguridad del Estado”. Sin embargo, era muy tarde para frenar las ruedas de la historia. El 30 de mayo de 1961 cambió el rumbo del destino dominicano cuando un grupo de valientes hombres, entre los que se encontraban Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejada, Antonio Imbert, Roberto Pastoriza, Salvador Estrella Sadhalá, Luis Manuel Cáceres Michel (Tunti) y Luis Amiama Tio, logró emboscar al tirano y ajusticiarlo, tal como recoge la nota de El Caribe, del 1ero de junio de 1961, donde se anuncia que “víctima de un vil atentado sucumbió ante anoche el insigne Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. El alevoso crimen se perpetró en la autopista que conduce desde Ciudad Trujillo a la ciudad de San Cristóbal”. De acuerdo con Tony Raful, “algunos de los participantes en el acto posterior del ajusticiamiento del tirano han confesado que fue el crimen de las Mirabal el detonante de su acción patriótica y que muchos de los conjurados se decidieron a actuar impresionados por la acción bestial” contra las hermanas y su acompañante Rufino de la Cruz.

Al entrar el mes de junio, las próximas entregas de esta serie estarán consagradas al exilio antitrujillista y a los esfuerzos armados que se realizaron para derrocar la tiranía”.

Dr. Amaurys Pérez, Sociólogo e historiador UASD/PUCMM