Un matrimonio puertorriqueño se encuentra en prisión este miércoles, luego de que un juez encontrara causa para arresto por incumplir con la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requiere la Orden Ejecutiva 2021-081, para entrar a la isla.

Zulma I. Figueroa, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón, de 44, enfrentan un cargo menos grave por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública al impedir a los funcionarios llevar a cabo sus funciones.

Por ello, el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto en ausencia contra la pareja por negarse a cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2021-081 el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan.

Particularmente, el matrimonio se negó a cumplir la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, según requiere la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador, explicó en un comunicado de prensa el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Por ello, el Departamento de Salud refirió el caso a Justicia.

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Emanuelli, por su parte, sostuvo que la orden ejecutiva contra la covid-19 “tiene fuerza de ley y se aprobó como medida para proteger a todos los ciudadanos”, y “su incumplimiento no solo es ilegal, sino que representa un riesgo a la salud de la población en este momento crítico».

“Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Nadie está por encima de la ley. Todo aquel que visite o resida en la isla tiene que cumplir con las normas establecidas. En este momento, más que un deber ciudadano, representa un acto de consideración con el prójimo. Todos queremos regresar a la normalidad y queremos colaborar”, enfatizó.

La pareja, que llegó a Puerto Rico el pasado 2 de enero junto a sus dos hijos de un vuelo procedente del estado de Florida, se negó a cumplir con el trámite establecido para ingresar a la isla de manera segura y evitar la propagación de la covid-19.

Al pasar al área de inspección del aeropuerto sanjuanero, informó a funcionarios de la Guardia Nacional y empleados contratados por el Departamento de Salud que no proveería sus datos a través de la Declaración de Viajeros.

Ante ello, los oficiales procedieron a escoltarla a la mesa donde se encontraba una empleada que la asistiría a cumplimentar la referida declaración, detalló la fiscal de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Ileana Martínez.

“Sin embargo, Figueroa, de manera altanera, retante y con claro menosprecio a la orden ejecutiva, se negó nuevamente a proveer su información personal, evidencia de resultado negativo de la covid-19 y su identificación”, relató la fiscal.

El juez Viera impuso además una fianza de 10.000 dólares a cada uno de los acusados al amparo de la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal.

EFE