La fiscal Mirna Ortiz lamentó que las defensas del caso Coral se dediquen a obstaculizar el conocimiento de las
audiencias, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogiera otra petición para aplazar la revisión obligatoria de las medidas de coerción de los imputados.

El juez Raymundo Mejía dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo viernes 11 de marzo, a las 10:00 de la mañana.

Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lamentó que los fiscales fueron convocados para conocer la medida este viernes, pero que
fue aplazada por tercera vez a solicitud de los abogados defensores.

“El Ministerio Público, como siempre, está listo para conocer de sus audiencias, pero en esta ocasión la defensa del imputado Alejandro Montero, que fue apoderada recientemente, solicitó el aplazamiento al tribunal a los
fines de poder conocer las glosas del proceso”, explicó.

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Igualmente, dijo que el abogado del imputado Rafael Núñez de Aza, Félix Portes, remitió excusas al tribunal, ya que se encontraba conociendo otro proceso en el interior del país.

Ortiz dijo que ello dio lugar a que la audiencia se suspendiera para garantizar los derechos de defensa de estos ciudadanos, advirtiendo el juez que para la próxima audiencia se conocerá con las partes que estén
presentes.

“Tres veces se ha aplazado esta revisión obligatoria, en todas las veces por causas atendibles a los abogados y a los imputados, en todas las ocasiones”, señaló la representante del Ministerio Público al responder a periodistas que le formularon preguntas sobre el proceso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En mayo del pasado año, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado
de tramitación compleja.

Los imputados son procesados por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de
actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.

El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con
el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país,
valorados en millones de pesos.