El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo y los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa,.FOTO: José de León
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, refirió hoy que ese órgano constitucional no habría sido “consultado” por el Ministerio Público previo a la ejecución de la denominada operación Calamar.
“La Junta Central Electoral no tiene ningún tipo de conocimiento, no ha sido notificada, ni ha sido consultada”, indicó Jáquez Liranzo al ser abordados por periodistas y ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre este caso.
Tipo de sanción
En ese mismo orden, Liranzo, aseguró que la propia Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece una “multa” como sanción por el uso de recursos obtenidos de manera ilícita.
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“La ley (electoral) no habla de estos aspectos de financiamiento ilícito (electoral), la que habla es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y lo que se establecería es una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de manera ilícita”, dijo.
Al participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Jáquez Liranzo, reiteró que al ser esta la “única ley” que habla en ese sentido se prevé como “sanción electoral”.
“La única ley, es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que establece que la violación al financiamiento ilícito de personas físicas y morales será sancionado con una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de manera ilícita. Esa es la sanción electoral”, puntualizó Román Jáquez.
Operación Calamar
Con alrededor de 40 allanamientos realizados durante la operación Calamar, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) dejó entre los detenidos al excandidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, y los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Asimismo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
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De igual modo, fueron arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La acusación del Ministerio Público estaría sustentada de manera preliminar en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.