El cerebro de la señora Procuradora General de la República es holístico y asertivo, pero también, de visión multidisciplinaria. Hace días, firmó acuerdos con psiquiatras y psicólogos para la asistencia y programa de salud mental dentro del sistema carcelario donde personas privadas de libertad padecen trastornos mentales, psicosociales y familiares, y no cuentan con diagnósticos, tratamientos y programas de rehabilitación psicosocial.

Todas las personas, sin importar su condición tienen derecho a inclusión en salud mental; el espíritu de Miriam Germán hace posible la asistencia, el reconocimiento de derechos, la dignidad y la no estigmatización de las personas con algún trastorno mental.

Para los cientos de adolescentes y jóvenes infractores de la ley que se encuentran dentro del sistema carcelario por diferentes delitos: robos, atracos, homicidios, violación sexual, tráfico y consumo de drogas, violencia doméstica e intrafamiliar de alto riesgo, se deben continuar y actualizar los programas de rehabilitación psicosocial, educativo, laboral y socio-familiar.

Estos adolescentes, en su mayoría proceden de familias rotas y disfuncionales, de abandono y deserción escolar, de conductas disociales de alto riesgo, de trastornos de personalidad, consumo y dependencia de sustancias, pero, sobre todo, Doña Miriam, de pobreza extrema y deambulación sin propósito, o sea, de vivir y trabajar en las calles.
Admiro y apoyo su sensibilidad para las personas con una condición psicosocial o una discapacidad.

Otras de las condiciones que hay que revisar o poner en funcionamiento son las unidades de psiquiatría y psicología forense, al servicio de los fiscales y la procuraduría. Me explico, cuando una persona tiene problema con la ley, y hay que determinar sus causales, o su salud mental o trastorno de personalidad, la justicia debe auxiliarse de los trabajadores de la salud mental para el posible diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento.

Así mismo, señora procuradora, está la revisión de la Ley 5088, de control de drogas y medicamentos psicotrópicos, donde a los consumidores o dependientes de drogas no se le tratan como enfermos adictos que deben asistir a programas de desintoxicación y rehabilitación, solo se les aplica la penalidad, pero quedan excluido de la asistencia de la salud mental dentro y fuera de sistema carcelario.

Estos programas no son costosos, Promese puede facilitar los medicamentos, y el equipo interdisciplinario: psiquiatra, psicólogos, enfermera, trabajadores sociales, pueden ayudar a la rehabilitación y la reinserción psicosocial y familiar.
En mi condición de psiquiatra y pasado presidente de las sociedades de psiquiatría y sexología, escribí programas y protocolos, para que se puedan empezar con la asistencia en salud mental dentro del sistema carcelario.

Estoy altamente esperanzado, señora procuradora, que en su gestión, se puedan facilitar los diferentes modelos de atención en salud mental. Especialmente, con los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que, muchos pueden ser integrados al sistema familiar, a la escuela y trabajos dignos y sostenibles para ellos y sus familias.

Son programas que no tienen visibilidad, pero a lo interior de cada persona, familia y sociedad, se logran recuperar para servirle a la sociedad de forma responsable y resiliente.

Las personas que llegan al sistema carcelario tienen diferentes motivos, muchos debieron prevenir, otros son resultados de una condición de vulnerabilidad psicosocial, pero, todos necesitan de la salud mental, de la esperanza y la felicidad.