El presidente Luis Abinader anunció, en su discurso de toma de posesión ante la Asamblea Nacional, el 16 de agosto de 2020, que no habrá impunidad del pasado ni del presente de los actos de corrupción pública, lo que provocó aplaudo de la mayoría de los presentes.

Ya el presidente de la República había designado, la noche anterior, a Mirian Germán y a Yeni Berenice Reynoso, a quienes luego de su alocución juramentó en Palacio Nacional, como procuradora general de la República y procuradora adjunta, respectivamente, y otorgó poder para actuar de forma independiente.

Aunque el Ministerio Público apenas es una parte de la justicia, que no preside audiencias, juicios ni emite sentencias en ninguna de las instancias, el Gobierno, al cumplir los cien días, empezó una campaña publicitaria sobre la independencia del Poder Judicial en todos los medios de comunicación social y en algunas redes sociales, como una forma de atribuirse un logro rotundo.

Sería mezquino negar la gran diferencia moral entre el presente y el anterior Ministerio Público. Mirian Germán tiene una trayectoria profesional adornada por la ética profesional. Y Wilson Camacho y Yeni Berenice son dos jóvenes con buena formación y capacidad investigativa.

Yeni Berenice, inclusive, ha hecho estudios en el FBI. No se puede pretender desacreditar las investigaciones de los casos Antipulpo, Caracol y Coral, los cuales cuentan con decenas de pruebas que comprometen la responsabilidad de los imputados.

En el caso Coral, al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, Tanner Flete Guzmán, al coronel Rafael Núñez de Aza y al teniente coronel Raúl Alejandro Girón, les imputan los delitos de Asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de corrupción pública y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Para cada imputación hay pruebas irrefutables.

No es una actitud seria darle matiz político a estos casos.

A la Procuraduría General de la República sí se le puede atribuir actuar a pasos de tortuga en el combate contra la corrupción pública, porque en

más de ocho meses apenas se conocen públicamente tres expedientes, a pesar de que en los 20 años de gobiernos peledeístas se registraron cientos de escándalos de corrupción en desmedro del contribuyente.

Al ritmo que trabaja la Procuraduría es para que en un período de cuatro años se conozcan 16 expedientes, en el hipotético caso que la doctora Germán se mantenga al frente de ese cargo, lo que muchos ponen en duda por las contradicciones registradas con el presidente de la República.

Fuentes crediticias indican que Luis Abinader intentó evitar que el Operativo Coral se lleve a cabo, porque terminaría involucrando al expresidente Danilo Medina, lo que motivó que Mirian Germán amenazara con renunciar del cargo.

Fue ahí cuando al jefe de Estado le surge la idea de enviarle a la procuradora a Raquel Arbaje, primera dama y gran diplomática, con la finalidad de limar asperezas.

Ya el PLD de forma incondicional había apoyado en el Senado de la República a los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, lo que salvó al país de una réplica de la anterior con la repartición que forzó en todo momento Leonel Fernández, junto al senador Rogelio Genao, el cual sumado a los de la Fuerza del Pueblo totalizaban siete votos.

Ese gesto del PLD comprometió moralmente a Luis Abinader, pero la procuradora no dio un paso atrás.

“Coincidentemente” visita nuestro país el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, y se entrevista con Raquel Peña, vicepresidenta de la República y presidenta en funciones ante la ausencia de Luis Abinader, que se encontraba en España.

Hay analistas que aseguran que la presencia de ese caballero en nuestro país constituye una presión para que se continúe la lucha contra la corrupción.

Adicionalmente el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert W. Thomas, le dijo al presidente Abinader lo siguiente: “A Estados Unidos le interesa trabajar en los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita al Gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y corruptos han robado al Estado”.

Se colige que los operativos realizados por la Procuraduría General de la República, en contra de la corrupción pública, cometida en el pasado Gobierno, son iniciativas de Mirian Germán, quien había sido humillada por el expresidente Danilo Medina y por Jean Alain Rodríguez, al intervenir sus teléfonos, perseguirla y pretender dañar moralmente con imputaciones calumniosas al momento de ser entrevistada por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente la dejaron fuera de la

Suprema Corte de Justicia. Y Danilo Medina se blindó más al poner a un cuadro del PLD como presidente de esa SCJ.

Es cierto que Abinader anunció, el 16 de agosto del 2020, que no habrá impunidad de la corrupción pública del pasado ni del presente, pero una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar.

Todos saben las implicaciones que generan este tipo de procesos, sobre todo cuando involucran a personas con poder político, económico y militar. Muchos militares dominicanos se consideran intocables, aunque tengan un pasado de robo y de sangre.

A Luis Abinader se le percibe como un empresario conservador, que cree en la oligarquía, que no confronta con nadie y procura, como gobernante, el desarrollo económico del país haciendo énfasis en el sector turístico. No es más de ahí.

Es una creencia errónea pensar que Luis Abinader está detrás de enjuiciamientos judiciales de peledeístas corruptos. Con la presión de Estados Unidos a lo más que puede llegar el presidente es a no interferir ante Mirian Germán, que no deja de ser un dolor de cabeza.

Pero la propia Germán si verdaderamente quiere actuar con justicia necesariamente debe investigar la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Hasta el momento ni la mirada ha dirigido hacia ese litoral, en el cual abundan personajes funestos y generales tenebrosos.