Un abogado notario diría que fue un divorcio por mutuo consentimiento, como quedó establecido en la resolución 23-2022 de la JCE que admitió la nulidad del acuerdo de fusión entre los partidos Opción Democrática y Alianza País.

La solicitud de anulación, presentada de manera conjunta en mayo del 2022, permitirá que ambas organizaciones, que participaron aliadas en las pasadas elecciones, puedan presentarse como partidos políticos en la boleta electoral del 2024.

El diputado José Horacio Rodríguez, secretario general de Opción Democrática, reaccionó optimista a la resolución de la JCE: “Estamos decididos a trabajar para que la buena política renueve el Congreso y los ayuntamientos, para que por primera vez haya un gobierno progresista en la República Dominicana”.

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Al momento de escribir esta columna no se había escuchado la campana del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, pero nada lo obliga a pronunciarse sobre la consumación del divorcio, mucho menos si al matrimonio le fue tan mal, electoralmente hablando, que puede considerarse un rotundo fracaso.

Es mucho lo que se ha hablado y especulado, entre las llamadas fuerzas progresistas, sobre las razones de ese fracaso, que no necesariamente tienen que ser las que ambos partidos expresaron en el comunicado conjunto con el que anunciaron la ruptura de su acuerdo, atribuida a “diferencias de cultura política, de visiones y de métodos de trabajo que, a pesar de los esfuerzos realizados, no pudieron armonizarse”.

Y es una pena que así ocurriera, pues la democracia dominicana necesita con urgencia una dosis masiva de “buena política”, como la llama José Horacio. Pero sus portavoces tienen que convencer primero al electorado de que su propuesta es la mejor opción que tiene en esta democracia viciada por la politiquería barata y el clientelismo, pues por el camino que van ambas organizaciones la esperanza de que algún día sea una realidad morirá de inanición.