Por: Eudy Alberto Jiménez

A menudo escuchamos la – desacertada – expresión “gobernar para la mayoría”, refiriéndose a que las políticas públicas, leyes e instituciones deben garantizar derechos o beneficiar a un grupo que representa el porcentaje mayor o más grande de todo el conjunto, pero ¿Quiénes son “mayoría”?

“Mayoría” puede existir en distintos colectivos de diversos niveles: social, económico, racial, laboral, educativo, religioso, entre otros. Son grupos sociales que se reúnen por tener algún elemento en común, por lo que, dentro de estas variables, podrían existir diferentes “mayorías”.

Cuando se gobierna popularmente para “mayoría”, se excluye a numerosos grupos de la población, que son mal llamadas “minorías”, como si existieran ciudadanos de distintas categorías. Cuando el Estado y sus instituciones no reconoce derechos a grupos de la población, está legitimando clasificar a los y las ciudadanas, constituyendo una violación a la protección efectiva de sus derechos.

La voluntad de la mayoría en cualquier escenario de toma de decisiones no equivale a un resultado necesariamente democrático.

Sé es democrático cuando las decisiones son incluyentes, en provecho de la colectividad y a favor de garantizar derechos.

El proceso de votación pudo ser democrático, pero la decisión debe estar fundada en el rol que el Estado está llamado a cumplir: proteger efectivamente los derechos de todas las personas.

Pues, democracia, en un sentido amplio, es la forma de convivencia social en el que todas las personas son libres e iguales y donde el Estado reconoce y garantiza la existencia de igualdad entre los y las ciudadanas.

A modo general, nos encontramos con mucha resistencia al dialogar sobre “inclusión” como si incluir supondría a su vez “excluir” a los que ya gozan de todos sus derechos o como si fuera una especie de robar protagonismo.

Con inclusión nos referimos a todas las personas que históricamente han sido marginadas por las leyes y nuestras instituciones a gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades, a ser tratados de forma igualitaria y equitativa, y a obtener el debido respeto a su dignidad.

Por décadas, barreras culturales y educativas han incidido en la resistencia a que los seres humanos se perfeccionen en un marco de libertad y justicia social. Perpetuar la exclusión de

grupos de la sociedad aumenta y afianza las desigualdades e inequidades. La diversidad es la expresión plural de las diferencias; diferencias no traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de otros – distintos – a – mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye.

En referidas ocasiones, las personas utilizan el término “verdadera inclusión”, haciendo alusión a un grupo poblacional específico en beneficio de sus derechos.

Sin embargo, es más bien utilizado como forma de restar importancia a otras personas que buscan ser incluidas en las políticas públicas del Estado y con ello respondo, de la misma forma que respondió Íñigo Errejón: “Las movilizaciones no compiten, al revés, se dan ánimo las unas a las otras”. Además, ¿con cuál parámetro se define cuál lucha tiene mas importancia?, y es que se puede ser empático por distintas luchas a la vez.

Las personas tienen libertad de pensar y actuar en base a su convicción, pero no a restringir o a limitar derechos. Intentar invisibilizar o restar importancia a otras personas o grupos de la sociedad genera aún mayores razones, de que se debe luchar por conquistar espacios y por tener un gobierno democrático y representativo en el que todas las personas, sin importar su religión, raza, orientación sexual, así como cualquier otra denominación, se sientan representadas.

Cada generación ha protagonizado una serie de luchas para reivindicar derechos y esta no es la excepción. No somos una sociedad silente, que no cuestiona, sino una sociedad en constante reflexión, que apuesta a transformarse en una de derechos, donde las y los ciudadanos no son súbditos, ni sujetos inertes.

No hay personas más importantes que otras. Ni existe una lucha o movilización que sea más significativa. Tampoco existen ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría; somos justamente una sociedad en razón de aquello que nos hace diferentes, pero ante la ley “iguales”, donde las personas son el centro de las políticas públicas.

Por ello, el propósito del Estado es precisamente organizarse por y para las personas, por lo que la falta de instrumentos no puede ser una excusa para no garantizar derechos. El Estado debe ser un ente activo y proactivo en la garantía de los derechos – no de la mayoría – sino de todas las personas.