El nuevo Código Penal aprobado recientemente por la Cámara de Diputados se supone que debe fortalecer el Estado de derecho en la República Dominicana y favorecer la disminución de la violencia con el establecimiento de sanciones para los delitos que apuntan a violaciones de derecho y criminalidad.

Ocurre lo contrario, se violentan los derechos de las mujeres, jóvenes y adolescentes que son víctimas de violaciones, incesto y en situación de riesgo por un embarazo no viable. Desconociéndose el reclamo de gran parte de la sociedad de que existan eximentes en la penalización del aborto desde las tres causales.

Se perpetúa y favorece el incremento del aborto clandestino con mucho mayor riesgo para las jóvenes, adolescentes y mujeres desde prácticas con consecuencias fatales para su cuerpo y su vida. Si van a los hospitales no las atenderán y serán (como le ocurre a muchas) un número más en la alta tasa de mortalidad materna del país. Se incrementan las diferencias sociales, la desprotección de la población femenina pobre del país desde el sistema de salud, condenándolas por ser víctimas de violación y no sus agresores.

Junto a la criminalización de las mujeres encontramos la ausencia de penalización de las prácticas discriminatorias contra la población LGTBIQ. Existen múltiples prácticas, narrativas y acciones sociales discriminatorias desde el ámbito laboral, educativo, social, comunitario, familiar e institucional contra la población LGTBIQ; excluir consecuencias penales de estas prácticas refuerza su legitimación social e institucional y la exclusión social de esta población

Las discriminaciones hacia las personas LGTBIQ lejos de responder a hechos aislados son como bien define Machin (2013) parte de un entramado socio-cultural en el que se ha normalizado la burla, el ejercicio de violencia física, psicológica y verbal hacia las personas con orientaciones sexuales diversas, así como su exclusión de centros educativos, universidades, puestos de trabajo en oficinas, empresas, instituciones tanto en el sector público como privado.

A esto se le agrega el maltrato policial en las calles y avenidas, la negación de servicios de salud en hospitales y clínicas como le ha ocurrido muchísimas veces a mujeres trans, así como la ausencia de procesos judiciales en casos de crímenes contra mujeres trans o los llamados crímenes de odio que han quedado en su mayoría impunes.

Lejos de ser un Código Penal que favorezca un clima de seguridad ciudadana, disminución de la violencia y garantista de los derechos de la población dominicana desde su heterogénea conformación, es un código que perpetúa y normaliza: la violencia, la discriminación, exclusión social, desigualdad de género y por orientaciones sexuales diversas. Un código que deteriora aún más nuestra débil democracia.