El economista Arismendi Díaz Santana objetó ayer que el Estado pague la nómina mensual de los pensionados del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), en adición al aporte del 8% que le corresponde como empleador.

“Ese es uno de los privilegios más irritantes del país, no sólo porque es ilegal, sino además, porque hace más de una década que a más de 120,000 pensionados del Estado no se les indexan (actualizan) sus pensiones”, sostuvo.

Precisó que no tiene ninguna base legal que el Gobierno pague la nómina de los pensionados de Inabima, porque tendría que hacer lo mismo con los demás pensionados.

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Señaló que en la mayoría de los casos, esas pensiones nominales han perdido su poder de compra en más del 50%, empujando a esos pensionados a la pobreza e indigencia.

“Lamentablemente, el Estado sigue siendo una fabrica de desigualdad social”, sostuvo el primer Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

El comentario de Díaz Santana se produjo a raíz del anuncio de Inabima de que, a partir de este mes de enero, aplicará un incremento salarial del 14.07% a 26,898 maestros jubilados y pensionados.

La medida se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley 451-08, que dispone revisar los sueldos de los docentes retirados al menos cada tres años para ajustarlos a las variaciones en el índice de precios al consumidor (IPC).

Consideró que la medida del Gobierno no está mal para garantizar el poder adquisitivo de los pensionados y jubilados, pero lo que está muy mal es que el Estado pague la nómina mensual.

“Yo reconozco la responsabilidad del Estado con los maestros, pero no estoy de acuerdo con que el Estado saque dinero de los contribuyentes, negándoles la indexación a las pensiones de los demás pensionados”, sostuvo Díaz Santana.