El excoordinador de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, aclaró este lunes que los legisladores vinculados a los delitos de lavado de activos y narcotráfico, en la denominada Operación Falcón, pueden ser juzgado por las autoridades, ya que la inmunidad parlamentaria solo impide de que sean arrestados.

“La inmunidad parlamentaria propiamente hablando, es la que impide que durante la legislatura un legislador pueda ser arrestado, ese derecho no le corresponde al legislador, es una garantía que se pone en mano de la Cámara para proteger la función legislativa. Ahora, lo que incluye esta última inmunidad, es solamente de no ser arrestado”, manifestó durante una entrevista en el programa televisivo «El Día».

El jurista explicó que dicha inmunidad fue creada con el fin de que Poder Ejecutivo no pueda torce la decisión del Congreso a su favor, mandado a arrestar a un legislador para que no vote a favor de un proyecto que no quiera que apruebe.

“Para evitar eso, el legislador no puede ser arrestado durante la legislatura. Ahora, qué ocurre, todo el proceso penal puede continuar sin ningún obstáculo, las investigaciones, allanamientos y secuestros, caro está, cumpliendo con el debido proceso”, indicó.

Álvarez reiteró que ningún legislador ha renunciado a la inmunidad parlamentaria ni puede hacerlo, porque es una garantía de la Cámara a la que pertenece ese diputado o senador, pero que si puede rechazar la inmunidad de palabra.

«Inmunidad de palabra: el legislador puede en el foro que constituye cada una de las Cámaras Legislativas, hacer uso de la palabra, y si alguien entiende que fue disfamado o injuriado, no va a poder querellarse contra el legislador, porque hay una inmunidad de palabra en favor del legislador. Esa inmunidad que le permite al legislador decir cualquier cosa en el hemiciclo, obviamente, en sesión abierta, pus pertenece al legislador», señaló.

Operación Falcón

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por 18 meses contra todos los implicados y la declaratoria de “caso complejo”. Las autoridades desmantelaron la red que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos RD$10,000 millones.

Los imputados son: María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.

También, José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos y Delfina Asunción Polanco.

Además están imputados Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco: Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

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Otro legislador
Imputan a un diputado de Santiago

El diputado por esta provincia Nelson Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también es señalado en el expediente de la Operación Falcón. Según el Ministerio Público, en la página 79 de las 111 que presenta el recurso, señala que el legislador recibió fondos para su campaña, del hoy imputado Erick Randhiel Mosquea Polanco.

“En fecha 14 de julio de 2020, a las 13:37:33 horas, se produjo una comunicación entre el diputado por el PRM Nelson Marmolejos y Lennin Bueno Torres, agradeciéndole por la ayuda en las elecciones”, indica el expediente.

Además señala que Marmolejos habría logrado una reunión entre Bueno Torres y el ingeniero Luis Emilio Aquino Veras con un funcionario de Obras Públicas de Santiago.