De acuerdo con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), los integrantes de la red transnacional de criminalidad desarticulada recientemente, cobraban montos ascendentes a 15,000.00 dólares por cada migrante.

«Las personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la persecución penal», explicó en una nota de prensa el PETT.

Según las autoridades, esta red de criminalidad organizada utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes (Trinidad y Tobago) y Guatemala; teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica.

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Arrestados y lo incautado

Además, en la denominada Operación La Ruta, fueron arrestados Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vásquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero y Victoriano Aracena Tapia, quienes junto a Henri Reyes Muñoz (prófugo).

Al ser arrestados en los 12 allanamientos realizados en las provincias de La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago, a los investigados se les ocupó pasaportes visados fraudulentos de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en esta estructura de criminalidad organizada.

Los que participaron en la operación

La titular PETT, Yoanna Bejarán, señaló que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público contra la criminalidad organizada bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

Bejarán también agradeció la colaboración en la ejecución de esta operación de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios, (DEIDEM), comandada por la mayor de la Policía Nacional, Lidavel Pérez Beltré, así como también de coordinación de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM), de la Dirección Central de Prevención, Operaciones Especiales y el Departamento de Inteligencia Sensitiva (DIS) y de las demás Agencias de Investigaciones Especializadas de la Policía Nacional.

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Por su parte la fiscal titular de la provincia Sánchez Ramírez, Juana Hernández, quien participó de esta operación junto a los fiscales de la PETT Gina Matías y Francis Valerio, indicó que el Ministerio Público solicitará en las siguientes horas la medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial, consistente en 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.

El Ministerio Público imputa a los arrestados, de manera provisional, la violación a lo establecido en los artículos 147, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como también en el artículo 7, literal H, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.