Candidaturas independientes: cuando la política le teme a la ciudadanía

En República Dominicana estamos viendo algo más profundo que una discusión técnica sobre derecho electoral. Estamos presenciando una disputa por el control de la representación política. El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0788/24 publicada el 13 de diciembre de 2024, declaró inconstitucionales las trabas que vaciaban de contenido las candidaturas independientes y dejó claro que esa vía no podía quedar anulada por requisitos desproporcionados. Después, la Junta Central Electoral, en febrero de 2025, inició un proceso para regularlas conforme a ese nuevo marco. Pero en marzo de 2026, el Senado y luego la Cámara de Diputados avanzaron en dirección opuesta: no para reglamentarlas, sino para eliminarlas del sistema electoral.

Y ahí está el verdadero problema. Cuando una institución abre una puerta para ampliar derechos y otra corre a cerrarla, la pregunta ya no es solo jurídica. La pregunta es política, democrática y hasta ética: ¿a quién le pertenece realmente la democracia? ¿A la ciudadanía, que debería tener más vías para participar, o a una estructura partidaria que parece sentirse incómoda cada vez que surge la posibilidad de competencia fuera de sus márgenes tradicionales? La velocidad con que el Congreso reaccionó para suprimir esa figura proyecta una señal preocupante: en vez de corregir el sistema para hacerlo más inclusivo, se optó por blindarlo.

Los defensores de la eliminación dicen que la Constitución dominicana organiza la participación a través de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y que permitir candidaturas independientes introduciría distorsiones, problemas de suplencia, gobernabilidad y seguridad jurídica. Ese ha sido el razonamiento expuesto desde el Senado y repetido en el debate legislativo: que el modelo dominicano descansa en los partidos y que apartarse de esa lógica amenaza el funcionamiento institucional.

Pero hay otra lectura, y me parece más cercana al espíritu democrático. Si el sistema de partidos fuera suficiente para canalizar toda la representación social, este debate no tendría la fuerza que hoy tiene. Las candidaturas independientes no surgen porque sí. Surgen cuando una parte de la ciudadanía siente que los partidos no la escuchan, no la representan o no le abren espacio. Surgen cuando el acceso a competir depende demasiado de estructuras cerradas, pactos internos y filtros que muchas veces responden más a intereses de cúpulas que al interés general. En ese contexto, una candidatura independiente no es una amenaza: es un síntoma. Y, bien regulada, también puede ser una válvula de renovación democrática.

Lo más delicado es que el país había encontrado una ruta institucional razonable. El Tribunal Constitucional había fijado un criterio. La Junta Central Electoral había empezado a trabajar una propuesta de regulación. Es decir, había espacio para discutir requisitos, controles, financiamiento, fiscalización y garantías de seriedad. Había margen para construir una figura responsable, sin improvisación. Sin embargo, la respuesta del Congreso fue más drástica: borrar la posibilidad. Incluso organizaciones de la sociedad civil acudieron nuevamente al Tribunal Constitucional en marzo de 2026 alegando que esa eliminación contradice el precedente establecido por la sentencia TC/0788/24.

Eso obliga a mirar el tema con más honestidad. Porque aquí no solo se está discutiendo una modalidad electoral. Se está definiendo si la democracia dominicana será capaz de abrirse a nuevas expresiones de participación o si seguirá funcionando bajo una lógica de acceso restringido. Y cuando un sistema político le teme tanto a una figura que todavía ni siquiera ha sido probada en igualdad de condiciones, uno tiene derecho a sospechar que el problema no es la figura, sino el miedo a perder el monopolio de la intermediación.

Personalmente, creo que una democracia sana no debería temerle a la ciudadanía organizada fuera de los aparatos partidarios. Debería, más bien, diseñar reglas claras para que esa participación sea posible, transparente y responsable. Regular no es desordenar. Regular es reconocer que la sociedad cambia más rápido que las estructuras políticas tradicionales. Y cuando las instituciones ignoran esa transformación, lo que crece no es la estabilidad, sino el desencanto.

Hoy la decisión quedó en manos del Poder Ejecutivo, porque tras la aprobación congresual la pieza está pendiente de promulgación u observación. Ese momento es crucial. No solo por el futuro de las candidaturas independientes, sino por la señal que se enviará al país sobre cómo entendemos la democracia en este tiempo. ¿Cómo un espacio que se amplía para incluir más voces? ¿O como un terreno cercado, donde participar depende de pedir permiso a quienes ya están dentro?

A veces las grandes discusiones democráticas no se presentan con nombres grandilocuentes. A veces llegan disfrazadas de tecnicismo legislativo. Pero no nos confundamos: esto no trata únicamente de artículos, numerales o procedimientos. Trata de una pregunta esencial para la República Dominicana de hoy: si la política existe para servir a la ciudadanía, ¿por qué cada vez que la ciudadanía busca una vía distinta para participar, el sistema corre a bloquearla?