Cascada mediática: síntoma de preocupación

Recientemente, una plataforma digital difundió la versión de que la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25 prohibía la colocación de publicidad gubernamental a través de agencias publicitarias y que, por el contrario, el reglamento de aplicación establecía que la publicidad oficial debía contratarse únicamente, de manera directa, con los medios de comunicación.

La afirmación, presentada como un hecho consumado, fue replicada con rapidez por otras plataformas, medios tradicionales y digitales, generando una verdadera “cascada mediática” que terminó por instalar en la opinión pública una interpretación errónea del marco legal.

Ante esa ola de publicaciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se vio obligada a emitir un comunicado aclaratorio. Precisó que el procedimiento de excepción para la contratación de publicidad a través de medios o plataformas de comunicación social y digital se mantiene sin variación alguna en la Ley 47-25, en lo relativo a sus condiciones de aplicación.

En efecto, el numeral 7 del artículo 78 de la citada ley y el artículo 167 del reglamento de aplicación confirman que la excepción aplica únicamente cuando la contratación se realiza de manera directa con el medio de comunicación, sin que eso implique una prohibición absoluta del uso de agencias en otros esquemas de contratación.

Este episodio no me anima a escribir por la esencia jurídica del tema, sino, por su efecto comunicacional. Ver cómo medios con trayectoria y credibilidad “oficializaron” una información sin someterla al filtro mínimo de la verificación resulta, cuanto menos, preocupante.

La regla básica del periodismo, confirmar, contrastar, contextualizar y luego publicar, parece diluirse frente a la presión de la inmediatez y la lógica de las plataformas digitales, donde el valor de una noticia se mide muchas veces en clics, “me gusta” o viralidad.

A los periodistas se nos enseña desde las aulas que la verdad no es una carrera de velocidad, sino, un proceso de rigor. Implica ir a la fuente primaria, leer el documento original, consultar a la autoridad competente y contrastar interpretaciones.

En este caso, bastaba con descargar la ley desde el portal oficial de la DGCP y dedicar unos minutos a su lectura para evitar la confusión. Sin embargo, la mayoría optó por el camino corto: replicar sin verificar.

La “cascada mediática” no solo amplifica el error, erosiona la confianza pública en los medios. Cuando la audiencia percibe que una noticia cambia o se desmiente horas después, no distingue entre un desliz y una práctica sistemática; simplemente concluye que la información no es confiable.

En un contexto donde la desinformación ya es un desafío estructural, este tipo de episodios añade combustible al escepticismo social.

La reflexión final es clara: la verificación no es un lujo del periodismo clásico, es una necesidad en la era digital.

Más que nunca, el valor diferencial del comunicador y del medio no está en ser el primero en publicar, sino, en ser el más preciso en informar, porque en tiempos de ruido, la credibilidad sigue siendo la noticia más importante.