Cautela con mejoras en lucha contra corrupción

Después que en el 2020 el Índice de Percepción de la Corrupción que aplica Transparencia Internacional (IT) reflejó que en República Dominicana la lucha contra ese flagelo se situó en la baja posición 136, llega la buena nueva de que el país avanzó en la percepción positiva al puesto 99, único Estado en América que logró aumentar su puntuación de forma significativa y quinto año consecutivo de progreso sostenido, según un informe dado por Participación Ciudadana, capítulo local de la más prestigiosa entidad de su género a nivel mundial.

Habría derecho a recibir con reservas una puntuación, alentadora al menos, que evidentemente excluye recientes y escandalosos casos que la propia PC reconoce que por su magnitud, en la evaluación subsiguiente las nuevas detecciones reflejarían una situación muy negativa. Su recomendación, tomando en cuenta el involucramiento en casos de funcionarios del actual Gobierno, es esperar la capacidad de la justicia para actuar con presteza y eficacia contra quienes se demuestren actos ilícitos en el sector público.

Sin embargo la sociedad dominicana debe, en lo esencial, remitirse a que a partir del 2020 en la República Dominicana se está viendo a un Ministerio Público destapando con indicios verosímiles cabalmente documentados y seguidos por encausamientos inmediatos y que ya lo que debe ser llamado “supuesta corrupción” hasta lo definitivamente juzgado, se materializa en acusaciones formales y dinámicas y hasta en sentencias condenatorias que han permitido el regreso al tesoro nacional de unos RD$6.000 millones de diferentes gestiones pasadas y recientes y están abiertos procesos promisorios de hacer retornar a los haberes de la República al menos RD$20,000 millones derivados de actos ilícitos. La persecución del peculado ha pasado de las promesas y las teorías a lo concreto aunque haya tantos resultados pendientes y retardados y valga demandar que se dirija más empeños de judicialización hacia este oficialismo.

Se intuye que el progreso de que da fe Transparencia Internacional está basado en una percepción certificadora de que la justicia dominicana está actuando con honestidad y presteza contra exfuncionarios acusados de faltas éticas y penales sin que en los últimos meses escaparan de encausamientos importantes exintegrantes de la presente administración.