Educación, salud y medio ambiente

MARTHA PÉREZ
El título de este artículo induce la relación estrecha y transversal que lógicamente hay entre esos tres importantes temas. La educación es el pilar para el desarrollo integral de los pueblos; la salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Es imprescindible para la calidad de vida, que se garantiza a base de una buena educación.

El medio ambiente es el sistema de elementos bióticos y abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en que viven, y que determinan su relación y sobrevivencia (Definiciones básicas, Cap. III, Ley 64-00).

De sus respectivos conceptos y/o significados se deduce la misión de las instituciones, a través de las cuales el Estado

cumple sus compromisos y responsabilidad de garantizar a la población el acceso a la salud y a la educación en un medio ambiente sano. Además de regular el uso sostenible de los recursos naturales para el desarrollo del país y la nación.

Este preámbulo viene al caso, a propósito de las sistemáticas y variadas opiniones sobre la inversión pública del gobierno, sobre el Presupuesto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos y sobre la rectificación fiscal que recientemente anunciara al país el Presidente de la República. Dichas opiniones, provenientes mayormente el sector privado y de instancias políticas de oposición, se basan en que el gobierno debiera dedicar mayor inversión a la educación y a la salud. Y la encuesta Gallup-HOY publicada el pasado lunes 27, revela que “la gente quiere inversión en salud, educación…” refiriendo un 60% para salud y 51% para educación. En esta demanda, que no es nueva ni única de ambos sectores (no me refiero a los porcentajes), debe, necesariamente, incluirse el medio ambiente, dada la relación de transversalidad que guardan estas temáticas y sus respectivas instituciones rectoras, para el desarrollo sostenible.

Sabemos la situación económica y financiera en que se encuentra el país y los retos que debe afrontar el presente gobierno luego de haber recibido la economía dominicana en “estado de coma” en agosto del 2004 y haberla tratado para llevarla al “estado de recuperación”, teniendo que optar, incluso, por renegociación de la deuda externa; sabemos también el costo político, económico-financiero y social que implica el tener que asumir y decidir ciertas medidas, tendentes a lograr y mantener un equilibrio, todo lo cual define un gran compromiso para el Estado. Esto lo saben todos los sectores de nuestra sociedad. Pero deben saber, también, que si tras la búsqueda de ese equilibrio la balanza de la inversión pública se “inclina” sólo a incrementar el gasto en los sectores educación y salud, se estaría propiciando, inconscientemente, arriesgar el país en materia de seguridad ambiental.

El presidente Fernández ha demostrado su sensibilidad y preocupación por este tema; y reconoce “Que siendo el medio ambiente y los recursos naturales un conjunto de bienes comunes y esenciales para la sociedad, es deber y responsabilidad del Estado y de sus instituciones, incluyendo los gobiernos municipales, y a cada ciudadano, cuidar de que no se agoten, deterioren o degraden, para que puedan ser aprovechados racionalmente y disfrutados por las generaciones presentes y futuras”. (Ley 64-00).

Para cumplir con estas atribuciones del Estado la Ley 64-00 crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como organismo rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y de los recursos naturales, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. (Art. 17).

Las funciones generales de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a nivel nacional, comprenden las que les son propias además de las de 17 entidades gubernamentales y/o descentralizadas que les fueron transferidas desde su creación, lo que se constituye en una tarea de envergadura para poder garantizar con eficiencia, con integración y participación institucional pública y social, la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, de manera sostenible. Se deriva, entonces, que la inversión pública demandada para educación y salud, también incluya el medio ambiente. Son tres ejes transversales del desarrollo humano, de la seguridad, de la paz. Aunque sabemos que el presidente Fernández está convencido de esta necesidad.