El precio de los combustibles: una caja negra

Cada viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anuncia que “mantiene sin variación” los precios de los combustibles y destaca subsidios millonarios. El mensaje es simple: el Estado protege al consumidor. El problema es que esos precios funcionan como una caja negra. Sabemos que existe, pero no vemos con claridad qué ocurre dentro ni cómo se decide el precio final.

En la práctica, ese “subsidio” rara vez es dinero que el Estado paga. Es, sobre todo, recaudación que deja de cobrar. Se presenta como cifra global semanal, sin desglose por impuesto ni trazabilidad de su costo fiscal.

La estructura del precio es conocida. La base es el Precio de Paridad de Importación (PPI) -cotización internacional, flete, seguro y tipo de cambio-. Sobre esa base se cargan el selectivo específico por galón, los gravámenes ad valorem, el aporte por galón de la Ley 253-12, la logística y los márgenes regulados. Todo eso se sabe. Lo que no está claro es cómo se ajusta cada pieza cuando el Gobierno “congela” el precio.

Cuando el petróleo sube, el PPI y los tributos ligados al valor suben. Para evitar el alza en bomba, el Estado renuncia a parte de esa recaudación y lo llama subsidio. Hasta aquí, la lógica es comprensible.

El problema aparece cuando el petróleo baja -como ahora-. El PPI cae y también lo hace el componente ad valorem. El selectivo específico, al ser fijo por galón, no varía. En ese escenario deberían reducirse los precios en bomba o, al menos, publicarse una reducción transparente del subsidio hasta llevarlo a cero. Lo que suele ocurrir es distinto: el precio permanece “congelado” y la diferencia se absorbe dentro de la caja negra. No se informa cuánto del alivio internacional se trasladó al consumidor, cuánto se destinó a recomponer ingresos tributarios y cuánto quedó como margen en la cadena.

El resultado es un esquema asimétrico: cuando el crudo sube, el consumidor es protegido con un subsidio opaco; cuando baja, el alivio no se traslada con la misma velocidad ni con reglas claras. Esa asimetría agranda la desconfianza y convierte la política de precios en un impuesto implícito sin rendición de cuentas.

Abrir la caja negra no es una opción técnica. Es una obligación de transparencia: metodología pública del PPI, desglose por impuesto y margen, regla de traspaso simétrica -al alza y a la baja-, reporte mensual del costo fiscal y auditoría independiente. Solo así el ciudadano sabrá cuánto paga, cuánto se deja de cobrar y a quién beneficia realmente.

Al fin y al cabo, es una deuda que estas autoridades tienen con los consumidores dominicanos.