La verdad incómoda sobre la violencia contra las mujeres

Una de las primeras lecciones del periodismo —escuchar las dos campanas, mirar las dos caras de la moneda— ya forma parte de mi manera de entender la realidad.

Por eso, cuando pienso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, veo luces, pero también fallas demasiado profundas para ignorarlas. Y hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta reflexión se vuelve más urgente.

En estos días he sentido ese peso con más claridad, sobre todo tras conocer —a través de una reseña publicada por el periódico Diario Libre— los datos del estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), que documenta que entre 2016 y 2024, 779 feminicidios dejaron 1,072 niños y adolescentes huérfanos. La investigación dirigida por Flor Batista Polo recoge cifras estremecedoras que, en cualquier otro ámbito, encenderían todas las alarmas nacionales. Son números que no deberían normalizarse ni pasar inadvertidos en la cotidianidad dominicana.

Frente a cifras así, es inevitable preguntarse si hemos fracasado. Pero más que golpes de pecho, lo responsable es repensar esta lucha desde la raíz.

Es justo reconocer que hubo avances importantes. La década de los 90 marcó un punto de inflexión: fue un tiempo de efervescencia social en el que organizaciones feministas, académicas, periodistas, líderes comunitarias y legisladores empujaron un cambio histórico. Grupos como Cipaf, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Colectiva Mujer y Salud, Profamilia y mujeres de distintos partidos políticos, que encontraron un punto de unidad más allá de sus diferencias, fueron decisivos para desmontar prejuicios profundamente arraigados. En esa época, los feminicidios se etiquetaban como “crímenes pasionales”, una categoría que justificaba y normalizaba la violencia.

Ese activismo hizo posible la Ley 24-97, que tipificó la violencia intrafamiliar y el acoso sexual. No fue un regalo del Estado: fue fruto de marchas, vigilias, litigios y campañas sostenidas que cambiaron para siempre la conversación nacional.

Hoy, está pendiente en el Congreso la aprobación de una pieza clave: la Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación, para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una normativa moderna destinada a fortalecer el sistema de protección y prevención.

Pero en esta lucha, las principales retrancas no están en la ley, sino en la cultura. Somos, todavía, una sociedad profundamente machista. Y no lo digo mirando discursos —esos se maquillan—, sino mirando los hechos: según la Cepal, la República Dominicana figura entre los países de la región con menor participación de mujeres en cargos de decisión. Ese dato explica mucho: sin igualdad real, la violencia encuentra terreno fértil para reproducirse.

Durante años, la prevención se enfocó casi exclusivamente en las mujeres: hablarles a ellas, formarlas, empoderarlas… dejando fuera a un actor indispensable: los hombres. Sin transformar las masculinidades no transformaremos la raíz del problema. En los últimos años esta visión ha comenzado a cambiar, aunque todavía no con la profundidad necesaria.

Otro error persistente ha sido creer que la responsabilidad recae únicamente en el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público. La violencia contra las mujeres exige un enfoque transversal: educación, salud, cultura, sector privado, iglesias, gremios, medios y comunidades. Ninguna institución puede cargar sola con una problemática tan compleja.

Y hay un punto crucial que solemos evadir: el machismo dominicano no se desmonta solo con leyes o caminatas. Se desmonta con educación, con modelos distintos de crianza, con escuelas que enseñen igualdad, con familias que cuestionen la violencia normalizada y con una sociedad que deje de premiar conductas masculinas que vulneran a las mujeres.

La verdad incómoda —esa que todavía cuesta admitir— es que la violencia hacia las mujeres no persiste solamente por la agresión de algunos hombres, sino por las estructuras culturales, sociales e institucionales que la permiten y por las responsabilidades que seguimos repartiendo mal. Y es que cada feminicidio deja una familia quebrada para siempre. Y aunque no podemos devolver lo perdido, deberíamos tener la moral y la entereza de evitar que más niños y niñas crezcan con un vacío y un duelo que nunca debió tocarles. Esa debería ser, desde hoy, la prioridad de un país entero. Honremos este día con algo más que palabras: con más políticas públicas y acciones privadas capaces de salvar vidas.