Una delegación tripartita de las principales fuerzas políticas dominicanas de oposición denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una serie de acciones del oficialismo que hacen peligrar la democracia de su nación, al tiempo que solicitó su presencia activa en el país, de cara a los comicios de mayo próximo.

A través de la Alianza Opositora Rescate RD, los comisionados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), presentaron su declaración en la OEA este martes. Allí alertaron sobre actos gubernamentales atentatorios contra la legitimidad del actual proceso electivo.

Al fungir como vocero de esta comitiva, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, solicitó la intervención del citado organismo internacional.

“Es urgente su presencia activa en el país, para que se conviertan en garantes y cesen las acciones por parte del gobierno que atentan contra la democracia, institucionalidad y la voluntad popular. También, para que, en lo que resta del proceso electoral, se garanticen las condiciones para una competencia equilibrada”, precisó.

“Hemos venido a la OEA a externar nuestra profunda preocupación por las diferentes situaciones que se están presentando en el proceso electoral dominicano, que atentan gravemente contra la democracia, la institucionalidad y la libre expresión de la voluntad popular el día de las elecciones”, insistió.

Los partidos informaron que le presentaron, exhaustivamente, múltiples pruebas del “uso abusivo y descarado de los recursos del Estado en favor de los candidatos oficialistas, en detrimento de la oposición”.

Añadieron que “la utilización política de los programas sociales del gobierno, el otorgamiento de pensiones privilegiadas mediante decreto presidencial a dirigentes de la oposición a cambio de pasen a apoyar a la reelección, la compra vulgar de alcaldes, diputados, senadores, candidatos electos y no electos en las municipales son algunas de las peligrosas acciones que obedecen a un sofisticado plan orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único, amparado en el dinero del erario y del narcotráfico”.

“Este plan alcanzó su clímax el día de las elecciones municipales de febrero, en las cuales los dominicanos presenciamos la más burda operación de compra de cédulas con recursos del Estado y otros de origen ilícito para inducir una abstención histórica que en las grandes plazas alcanzó más del 60%”, añadieron. También resaltaron que la propia OEA, en su informe de Observación Electoral, dio cuenta de esas “prácticas perversas”.

Al comunicar que suministraron todas estas informaciones en detalle a la citada organización internacional, solicitaron su urgente presencia activa en el país para que garantice el cese de dicho accionar del gobierno.

Igualmente, “para que lo que resta del proceso electoral se creen las condiciones para una competencia equilibrada, donde la voluntad de la gente pueda ser expresada en las urnas sin que se despliegue ningún mecanismo de coerción”.

Esto así, con el propósito de que el 19 de mayo próximo “tengamos unas elecciones diáfanas, transparentes y libres, cuyos resultados afiancen la estabilidad política y la democracia en la República Dominicana”.

En respuesta inmediata, el organismo internacional garantizó adelantar su asistencia a República Dominicana y ampliar el personal en la nación caribeña. La medida buscará asegurar su tarea de observación y evitar que se atente contra la democracia, la institucionalidad y la voluntad popular.

Además de Miguel Vargas, presidente y candidato presidencial del PRD, la comitiva estuvo integrada por el senador peledeísta Iván Lorenzo y la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y delegada ante la Junta Central Electoral (JCE), Janet Camilo. Por la Fuerza del Pueblo, también participó vía web el exvicepresidente de la República, Rafael Albuquerque.

Les recibieron en la OEA: Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, y Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Electoral.