La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, declaró que a este mes se sumaron 80 instituciones que ejecutan su presupuesto en cumplimiento a la norma de transparencia, por exigencia del presidente Luis Abinader.

Dijo que se trata de entidades que encontraron fuera de la norma y a la que ella le da seguimiento.

Aseguró que supervisa las normas de la administración pública porque cada delito, investigación o preocupación se origina en una norma que no se cumplió.

Sostuvo que por eso han podido rehacer proyectos pendientes y contar con fondos que no disponían porque estaban en cuestionamiento. “Y eso, es algo muy importante que el presidente está realizando”.

Indicó que se fortalecen los sistemas para evitar irregularidades en las instituciones del Estado y que la mayoría de las entidades gubernamentales entraron al proceso de manejo de los presupuestos del Estado.

En cuanto al conflicto suscitado entre el presidente de la Cámara de Cuentas y la secretaria del bufete directivo de ese organismo, Janel Andrés Ramírez Sánchez y Tomasina Tolentino de Mckenzie,

Ortiz Bosch dijo que quieren respetar que cada poder funcione dentro de los ámbitos que le da la Constitución. “La Cámara de Cuentas es un poder constitucional, queremos respetarlo”.

Una vigilia en contra de los fideicomisos

La Fundación Primero Justicia realizó ayer una vigilia en reclamo contra la privatización de servicios públicos a favor de empresarios ligados al Gobierno, a través de “fraudulentas alianzas público-privadas y fideicomisos”, que a su juicio constituyen una delegación inconstitucional del mandato de la administración de la cosa pública.

El presidente de la entidad, Miguel Surún Hernández, dijo que la privatización del patrimonio y de los servicios públicos despojan al Estado de lo poco que le queda y encarece los servicios.

“Además de pagar elevados impuestos al Estado para que nos de servicios, ahora tenemos que pagar adicionalmente al empresario para que los realice, lo cual constituye una doble tributación”, explicó.

Lamentó que las autoridades han emprendido una política de entrega del patrimonio del Estado y de los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente. “De lo que se trata es de una estafa al pueblo que los eligió”.

Por ello, llamó a todas las fuerzas vivas de la nación a levantar su voz contra lo que calificó como un despropósito.