En diciembre pasado, cuando la crisis por la que atraviesa el Colegio de Abogados se encontraba en su punto más álgido, su entonces presidente, Miguel Surum, depositó un documento en la Procuraduría General en el que pedía que se investigue la supuesta intervención del gobierno en las elecciones del gremio.

Según el expresidente del CARD el oficialismo utilizó el chantaje para obligar a los abogados que trabajan para el Estado a votar por el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el doctor Yohan López, amenazándolos con cancelarlos o despojarlos de sus pensiones si no lo hacían.

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Pero ahora pretende el doctor Trajano Potentini, a quien la Comisión Electoral del gremio declaró ganador de las elecciones, que el presidente Luis Abinader intervenga “urgentemente” en el pleito de gallera que mantiene en el limbo su elección, que posteriormente dejó en el aire una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Desde que leí sobre la petición del doctor Potentini, nada sorprendente en el país más presidencialista de la bolita del mundo, surgieron en mi mente, de manera automática, algunas interrogantes. ¿A que clase de “intervención” se refiere? ¿A que ordene al TSE que dé marcha atrás a su decisión y reconozca que no tiene competencia en ese caso? ¿Que les pida que fallen a su favor a los tribunales que conocen recursos con los que otros participantes en las elecciones solicitan anular los resultados que lo declararon ganador?

A menos que el verdadero propósito de esa insólita petición haya sido provocarle un daño político al mandatario involucrándolo en un conflicto que ha llenado de vergüenza a ese gremio profesional, cuya reputación se encuentra en el punto más bajo de su historia, no hay forma de encontrarle lógica ni sentido. Mucho menos si proviene de alguien que, por su formación humanística y jurídica, sabe perfectamente lo que significa la separación de poderes en una democracia.